Luz verde a la entrega de Larrinaga y Etxeberria
El Tribunal de Apelación de Pau dio ayer luz verde a la entrega de Garikotz Etxeberria y Asier Larrinaga, detenidos el pasado día 9 en Azkaine. La decisión se ajusta a la petición realizada por la Fiscalía. Así, por vez primera las autoridades francesas se inhibirán para permitir que detenidos vascos en aquel estado sean juzgados en Madrid.
PAU
La decisión adoptada por la Sala de Instrucción del Tribunal de Apelación de Pau constituye la primera aplicación del mecanismo de la denuncia oficial por parte de los tribunales franceses, lo que supone que las autoridades españolas podrán juzgar a los dos ciudadanos vascos (encarcelados hasta ahora en Muret-Seysses), además de los delitos que les imputa Madrid, por aquellos que hayan podido cometer en el Estado francés.De hecho, en la vista celebrada el pasado día 23 el fiscal dijo que esos delitos supuestamente cometidos al norte del Bidasoa conllevan penas superiores a un año de prisión. Por lo que respecta a las autoridades españolas, en las euroórdenes se especifica que Asier Larrinaga y Garikoitz Etxeberria están acusados de «tráfico de explosivos», «falsificación de matrículas de coche» y «pertenencia» a ETA. Sospechan que están relacionados con los explosivos hallados en Zornotza y Atxondo en diciembre y a comienzos de este mes de enero. Según fuentes policiales, en el momento de su arresto en la plaza de Azkaine Garikoitz Etxeberria estaba armado y portaba documentación falsa.
«Trampa» de los estados
La abogada de los dos prisioneros, Yolanda Molina, anunció ayer su decisión de recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión de la Corte de Apelación de Pau. En la vista de la semana pasada, la letrada ya había afirmado que las euroórdenes emitidas por la Audiencia Nacional española están «viciadas», y acusó a ambos estados de haber hecho «una trampa» con el objetivo de «saciar la sed de represión» abierta tras el atentado de ETA en el aparcamiento de la T-4 del aeropuerto madrileño de Barajas.Argumentó su denuncia constatando que, en el momento de la detención, no había ninguna euroorden dictada en contra de sus clientes y que, en virtud de los acuerdos de Schengen, de- bían haber sido liberados en un plazo de seis horas. Por esa razón, defendió que las autoridades judiciales francesas habían «desviado el procedimiento» al mantenerlos en prisión. El representante del Ministerio Público negó todo vicio de procedimiento y afirmó que el hecho de que las euroórdenes fuesen emitidas después del arresto no plantea ningún problema jurídico. La medida aplicada a los dos jóvenes fue saludada con satisfacción por el ministro de Justicia español en la octava reunión del Grupo de Trabajo de Cooperación Judicial contra el Terrorismo, celebrada en París el mismo día 23. De hecho, Juan Fernando López Aguilar deseó que se potencie en el futuro. Askatasuna criticó un procedimiento que enmarca en las «leyes de excepción y los tribunales especiales contra Euskal Herria» de los que, a su juicio, se está valiendo el Estado francés en los últimos tiempos.
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