Una de las vías que la Ley de Partidos prevé para iniciar los trámites de ilegalización de una formación política es que el Congreso de los Diputados o el Senado insten a ello al Ejecutivo, «quedando obligado el Gobierno -según se lee en la Ley- a formalizar la correspondiente solicitud de ilegalización». Este era el camino que ayer intentó abrir el PP contra EHAK y que el resto de partidos cerró inmediatamente.

Especialmente taxativo y firme fue el portavoz del PSOE en la Comisión de Interior, Antonio Hernando, quien recordó que «el PCTV fue registrado y legalizado en octubre de 2002 por el Ministerio del Interior que dirigía Angel Acebes y cuyo secretario de Estado era el hoy interviniente Ignacio Astarloa. Para su registro se pidió un informe a la Fiscalía que fue favorable a la inscripción». Siguió haciendo memoria al señalar que «en el año 2005 no se encontraron por parte de la Fiscalía -con los informes de las Fuerzas de Seguridad del Estado- motivos para impedir que ese partido se presentase a las elecciones».

Según el PSOE, «desde 2005 hasta ahora, todo esto se ha confirmado, nada ha cambiado. No hay reuniones de Batasuna y el PCTV, no hay actividad conjunta de ambas organizaciones».

Antonio Hernando espetó al PP que «no valen las trampas, señorías, porque la ausencia de condena del terrorismo -léanse bien la sentencia del Tribunal Constitucional- no es motivo suficiente de ilegalización. Incluso, dos recientes autos del juez Baltasar Garzón declaran que esta organización ni es ilegal ni puede ser suspendida».

«Ni podemos ni debemos»

El portavoz del PSOE aseguró que «no está probado que ETA y Batasuna dirijan al PCTV, no está probado que ETA y Batasuna instrumentalicen al PCTV y no está probado que el PCTV siga las órdenes de ETA, de Batasuna, de Ekin o de KAS».

Por todo ello, y a modo de conclusión, el PSOE sostiene que «con la Ley de Partidos Políticos en la mano, con las pruebas que en este momento tenemos, ni podemos ni debemos instar la ilegalización del PCTV, porque los derechos fundamentales no pueden ser conculcados arbitrariamente como producto de reacciones políticas y porque no valen las ilegalizaciones preventivas».

Hernando pidió al PP que estas cosas se discutan antes en el Pacto Antiterrorista y le solicitó que retirara su propuesta, para no contribuir a la división entre los partidos en la denominada lucha anti-ETA.

Esta demanda al PP de que retirara su iniciativa fue uno de los elementos de acuerdo entre todos los grupos. Sin embargo, el partido de Mariano Rajoy -quien no estuvo presente en el debate- no lo aceptó.

Mesa Nuclear

Ignacio Astarloa fue el encargado de defender la iniciativa del PP para ilegalizar EHAK y lo hizo señalando que había tantas razones para ello que no le daba tiempo de enumerarlas en los siete minutos que tenía para el uso de la palabra. Habló de su presencia electoral surgida prácticamente de la nada, de informes policiales que hablan de «instrumentalización» por parte de «ETA-Batasuna» y de la admisión de una querella en la Audiencia Nacional.

Durante su intervención quedó claro que la gran preocupación del PP era que EHAK pudiera dar voz institucional a la iz- quierda abertzale en ayuntamientos y juntas generales como se la dio en el Parlamento de Gasteiz tras las elecciones autonómicas de 2005. Astarloa señaló que «ETA-Batasuna ha anunciado su intención de estar presentes en las elecciones y de obtener un gran resultado». Para ello, según explicó, tienen la posibilidad de crear un nuevo partido, de presentar decenas de agrupaciones y de utilizar instrumentalmente un partido ya creado. La apuesta del ex secretario de Estado de Seguridad es que «probablemente intentarán el fraude a todos los niveles» y una de las vías más sencillas es «la instrumentalización» de EHAK. Por ello exigió el inicio de los trámites de ilegalización, «para evitar que ETA se ría de la legalidad y vuelva a los ayuntamientos y a las subvenciones».

La propuesta del PP fue rechazada por el resto de grupos. Uxue Barkos, de Nafarroa Bai, Begoña Lasagabaster, de EA, y Aitor Esteban, del PNV, recordaron la oposición de sus formaciones a la Ley de Partidos y anunciaron el voto en contra por coherencia con ello. Gaspar Llamazares, de IU, acusó al PP de «frivolidad», y Georgina Oliva, de ERC, «de intentar laminar las libertades de la ciudadanía vasca». El portavoz de CiU, Jordi Xucla, afirmó que en materia de ilegalizaciones estaba a lo que el Gobierno propusiera, aunque se equivoque.