El manifiesto, aprobado finalmente el pasado sábado tras varias reuniones celebradas en Bizkaia y Gipuzkoa, pretende ser un «acuerdo de mínimos» y, a la vez, un punto de partida para desarrollar una labor que se presenta laboriosa: denunciar todos los casos de abusos urbanísticos en Euskal Herria.

Su objetivo final es revertir una realidad que hoy en día amenaza con convertir muchos pueblos vascos en paraísos para constructores, promotores y entidades de crédito, y en desiertos de identidad para sus habitantes.

El análisis del panorama habla de municipios en los que, en un plazo de tiempo breve, se prevé que el número actual de viviendas llegue a multiplicarse por cuatro, cinco y hasta por siete, sin que ello llegue a solucionar los problemas de vivienda existentes, o realmente ni siquiera lo pretenda.

Todo ello, con el consentimiento o la desidia de los diferentes niveles institucionales, que lejos de tratar de atajar las actuaciones irregulares, terminan por legalizarlas, casi siempre por la puerta de atrás, según denuncian los firmantes del manifiesto.

Siete puntos esenciales

El manifiesto se desarrolla a lo largo de siete puntos, el primero de los cuales constata que «los actuales planes urbanísticos suponen un impacto ambiental irreversible que afecta de forma negativa a nuestra calidad de vida, y amenaza con hacer desaparecer la tierra dedicada al sector agrario».

Añaden que «el carácter especulativo de estos planes supone que el incremento de la edificación no traiga de la mano una disminución de los precios» y que «la justa demanda de una vivienda digna para los sectores de población que no pueden acceder al mercado inmobiliario no se corresponde con la oferta actual, centrada en tipología de viviendas de baja densidad como inversión para las rentas más altas, modos de acceso a la propiedad excluyentes y fórmulas de financiación draconianas».

Para la asamblea, es inadmisible que «planes urbanísticos que van a marcar de forma irreversible nuestro futuro se hagan desde el oscurantismo y con frecuencia desde la imposición», y por ello exigen procesos de participación social reales. Ponen el acento a la hora de criticar la especulación. Ésta «toma carta de naturaleza sobre la apropiación de un recurso escaso y no renovable, la tierra, y el resultado de su mercantilización, el suelo, está en manos de unos pocos».