La decisión del TSJPV de anular la ordenanza de utilización del euskara del Ayuntamiento de Azpeitia deja a las claras la indefensión en la que la lengua propia de Euskal Herria se encuentra ante los tribunales españoles. Pero ante esta evidencia, hay al menos otros dos puntos que merecen la pena ser destacados. El primero de ellos, que la causa ante el tribunal no la inició ningún vecino de la localidad que se sintiera discriminado por el uso del euskara que se hacía en la misma o que hubiera visto conculcados sus derechos como castellanohablante, lo hizo la Delegación del Gobierno español en Gasteiz, de oficio y sin que mediara ninguna denuncia. Es en este tipo de actuaciones donde se observa el verdadero talante de los gobiernos con respecto a las lenguas. De nada sirve que el Ejecutivo de Zapatero diga (aunque sólo sean palabras) que abre el camino al uso del euskara en la Unión Europea, cuando lo torpedea en Euskal Herria. El segundo aspecto es el referido a la limitada protección que las instituciones autonómicas de la CAV ofrecen a la ciudadanía para garantizar el uso del euskara. El Estatuto se aprobó en 1979 y la Ley del Uso del Euskara -que el Gobierno tripartito de Lakua se niega a cambiar con el apoyo de PP y PSOE- en 1982, y aun así muchos euskaldunes siguen siendo considerados extranjeros en su propia tierra.