Etxerat presentó ayer en Bilbo su VI. Asamblea Nacional que se celebrará, bajo el lema «etxean eta bizirik nahi ditugu», el próximo domingo a partir de las 10.00 en el Cine Leidor de Tolosa. Junto a ello, la agrupación de familiares de represaliados políticos vascos dio cuenta de la memoria anual del pasado año y de los tres primeros meses de 2007. En el acto intervinieron los portavoces de Etxerat, Estanis Etxaburu y Regina Maiztegi, que estuvieron acompañados de otros familiares como Larraitz Rike, hija del refugiado lezamarra Iñaki Rike -que será homenajeado el domingo en Tolosa- o Mattin Troitiño.

Los representantes de Etxerat aseguraron que actualmente, «los efectos de la política penitenciaria son más graves y crueles que nunca». En cuanto al balance del año 2006, destacaron que fue «un año tremendamente duro para los presos, huidos y familiares». Asimismo, indicaron que «si algo nos han enseñado estos últimos meses es que la violencia de los estados no sólo no ha tenido fin, sino que además se ha recrudecido» sentenciaron.

Los representantes de Etxerat pasaron a desgranar los datos de los últimos 14 meses que, dentro de la frialdad de los números, son demoledores.

Desde el inicio de 2007, 22 presos, los jóvenes de las organizaciones juveniles Jarrai, Haika y Segi declaradas «terroristas» por el Tribunal Supremo español, han sido trasladados desde prisiones vascas a otras a cientos de kilómetros en el Estado español. Además, otros dos fueron alejados aún más, al ser enviados de Madrid a Alicante y Galicia respectivamente.

En el Estado francés por su parte, un total de 17 ciudadanos vascos han sido enviados a cárceles aún más lejanas de Euskal Herria, de las que anteriormente se encontraban. Unos traslados, en los que tal y como afirmaron Etxaburu y Maiztegi, los presos vascos han sufrido «diversos golpes y amenazas».

Dentro de las cárceles, Etxerat denunció que «el 80% de los presos políticos vascos se encuentran en primer grado, teniendo que soportar las más duras condiciones de vida: en aislamiento, sin comunicaciones, sin la posibilidad de cursar estudios o sin intimidad». La agrupación de familiares destacó que son 38 los prisioneros que se encuentran «completamente aislados». Estas duras condiciones de vida repercuten directamente en el estado de salud de los presos y presas, como expresaron Etxaburu y Maiztegi. «Cada vez son más, de momento la cifra asciende hasta 13 reclusos, los que padecen algún tipo de enfermedad grave o incurable». Hecho que se agrava debido a que los presos que sufren algún tipo de problema de salud «no pueden recibir la visita de su médico de confianza, el traslado a los hospitales se demora todo lo posible y durante el trayecto al centro de salud son habituales también los golpes, las amenazas y falta de intimidad».

Asimismo, según informó Etxerat, son 148 los presos políticos vascos que han cumplido ya las 3/4 partes de su condena, registrándose hace escasas semanas el último caso. Además, dieron cuenta de que 19 ciudadanos vascos continúan encarcelados pese a haber cumplido las condenas que les fueron impuestas. Todo ello, bajo la aplicación de la sentencia 197/2006 emitida por el Tribunal Supremo español.

Hechos a los que hay que sumar la situación del preso Jon Parot, a quien se le ha denegado la libertad condicional pese a que el preso vasco «cumple todos los requisitos para recibirla». Aún así, y tras permanecer 15 años en prisión, el Tribunal de Aplicación de París mantiene que Parot «no ha mostrado signos de arrepentimiento». Por su parte, en el caso de los refugiados y personas que se encuentran huidas, para Etxaburu y Maiztegi, «estas personas viven en las condiciones más duras, sin identidad y bajo una permanente persecución. Algo que a juicio de Etxerat, se pudo comprobar la pasada semana con las detenciones de tres irundarras en Lapurdi.

45 heridos en 21 accidentes

A todas las situaciones represivas citadas anteriormente, Etxerat también añadió e hizo balance de lo que supone para cientos de familiares y allegados tener que desplazarse cada fin de semana. El computo total del kilometraje semanal «es equivalente a dar 20 vueltas al mundo», según aseguraron Etxaburu y Maiztegi. Estos desplazamientos por carretera suponen un evidente riesgo para las personas que se ven obligadas a realizar estos viajes, como quedó en evidencia al comprobar los datos que ayer ofreció Etxerat.

A tenor de la memoria anual facilitada por la agrupación de familiares de represaliados, durante el año 2006 se produjeron 21 accidentes de circulación que afectaron a personas que se desplazaban a alguna prisión.

Dichos sucesos derivaron en un total de 45 personas heridas.

En los casi tres meses de 2007, Etxerat confirmó que ya se ha registrado un accidente. Se trata del caso de Libe Aretxaga, pareja de Txomin Lesende, a quien se disponía a visitar en la cárcel de Zuera. Como consecuencia del siniestro, Aretxaga resulto herida con diversos golpes y contusiones por todo el cuerpo, mientras que el vehículo en el que viajaba quedó completamente destrozado, según describió Estanis Etxaburu.

Ante todo este cúmulo de medidas represivas, los representantes de Etxerat volvieron a recordar que «estas políticas que mantienen de forman inamovible los estados actualmente no hacen más que generar sufrimiento». Por ello, Etxaburu y Maiztegi exigieron que «se terminen de una vez los discursos políticos estériles».

A este respecto, Etxerat realizó un emplazamiento directo al Ejecutivo de Gasteiz. Ya que, como señalaron los portavoces de la asociación de familiares, «miles de veces nos preguntamos, dónde están las instituciones vascas, por qué no las vemos».

«Todas las puertas»

Meses atrás, durante una comparecencia pública también realizada en la capital vizcaina para dar cuenta del estado físico de Iñaki De Juana, que por entonces estaba en huelga de hambre, Estanis Etxaburu afirmó que tocarían «todas las puertas del cielo al infierno» para conseguir que Iñaki De Juana saliera de la situación en la que se encontraba en aquellos momentos. Ayer, más de tres meses después de aquella intervención, Etxaburu y Maiztegi reconocieron que tras haberse reunido con el Ararteko, Iñigo Lamarka, con el Director de Derechos Humanos del Ejecutivo de Gasteiz, Jon Mirena Landa, con el propio Gobierno de Lakua y con el Parlamento de Gasteiz «ninguno adoptó compromiso alguno, ni siquiera para ir a visitar a Iñaki De Juana al hospital y mucho menos para solicitar su liberación». De cualquier forma, Etxaburu quiso aportar también un punto de vista más positivo y reconoció que «la lucha y presión popular ha conseguido revertir estas situaciones como lo demuestran casos como los del propio Iñaki De Juana y de Filipe Bidart».

20 años de dispersión

1987 es una fecha que quedará en el recuerdo como el año en el que el Gobierno de Felipe González puso en marcha, apoyado por el PNV, la política de dispersión respecto a los presos políticos vascos. Desde entonces, han pasado ya un total de 20 años.

Para los portavoces de Etxerat, «se cumplen 20 años de la implantación de una política acordada por el PSOE y el PNV, hecho que ha provocado la muerte de 22 presos políticos y de 16 familiares».

Tanto que únicamente en los últimos cuatro años se han registrado 17 muertes. De las cuales, cinco han sido de presos políticos, otros cinco familiares y siete refugiados.