La masacre causada por un estudiante de la Universidad Politécnica de Virginia vuelve a poner en el punto de mira la legislación vigente en EEUU sobre tenencia de armas. El debate se circunscribe a algunos medios de comunicación, en su mayoría ubicados en grandes centros urbanos. Sin embargo, a nada que se mire estado a estado, se podrá comprobar que las medidas de restricción en la posesión de armas gozan de una predicación bastante más desigual.

En Virginia, cuya ley de armas es de las más permisivas, pero cuya estadística de muertes violentas es de las más reducidas del país, los grandes interrogantes de los medios de comunicación se centran, de momento, en las circunstancias del suceso. La gran pregunta no es por qué el joven que mató a 32 estudiantes antes de quitarse la vida poseía dos pistolas, sino por qué los que disponen de muchas más -y causan, por cierto, muchos muertos al año en EEUU- no llegaron a tiempo de neutralizar -léase matar- al agresor.

Aunque la falta de un censo nacional fiable obligue a acoger con prudencia las estadísticas, se estima que 60 millones de ciudadanos de los 300 que viven oficialmente en los EEUU están en disposición de «resolver» a tiros un problema de seguridad o cualquier otra situación personal. Cabe remarcar que la mayoría de las muertes -unas 30.000 al año- no se deben a homicidios, sino a la suma de suicidios y accidentes.

Aunque en algunos estados se han dado avances en la restricción de la venta de armas automáticas, lo que es un paso en positivo, nada apunta a que la matanza de Virginia vaya a conducir a la adopción de medidas que vacíen de armas los hogares de EEUU. Ni republicanos ni demócratas, ni siquiera el líder «verde» Ralph Nader cuestionan el derecho consagrado en la Segunda Enmienda de la Constitución. De ahí que lo más posible es que bajo el «efecto Virginia» se promuevan medidas que redunden en la psicosis de seguridad y, por extensión, en la limitación de libertades, instaurada en la primera potencia militar mundial tras el 11-S.