La Sala del 61 del Tribunal Supremo se reunió ayer para analizar el proceso de liquidación patrimonial de Batasuna y entre las decisiones adoptadas destaca la de no reclamar al Parlamento de Gasteiz el dinero que correspondía a las subvenciones de Sozialista Abertzaleak y que, finalmente, no pagó al grupo parlamentario y lo reasignó al presupuesto de la Cámara autonómica.

En junio de 2003 el Tribunal Supremo ordenó al Parlamento de Gasteiz la disolución del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak y el no pago de las subvenciones que le correspondían y que ascendían a unos 30.000 euros mensuales. El entonces letrado mayor de la Cámara, Eduardo Mancisidor, dimitió de su cargo para no verse forzado a disolver el grupo. Sin embargo, el interventor general, Ricardo Murueta-Goyena sí cumplió el mandato del Supremo y decidió no firmar los pagos de subvenciones a Sozialista Abertzaleak. De esta forma, sin que hubiera ninguna decisión oficial del Parlamento, el grupo independentista se vio privado de su asignación.

El 9 de setiembre de ese mismo año la Mesa del Parlamento reconoció a Sozialista Abertzaleak el derecho a cobrar su subvención como grupo parlamentario e incluso llegó a asegurar en una nota pública que «la Mesa se encuentra analizando las posibles vías y medidas a tomar para que se puedan solventar los presentes problemas y puedan recibir la debida satisfacción los derechos de todos los implicados».

Incumplimiento

En conversaciones no oficiales con representantes de SA, desde la Presidencia de la Cámara se les informó de que ya se había dado con la fórmula, que consistía en cambiar las normas internas que exigían que cualquier pago estuviera autorizado por el presidente o el vicepresidente y el interventor general, dejando que fuera necesaria únicamente una firma.

Pero fueron pasando los meses y el grupo independentista siguió sin cobrar las subvenciones que le correspondían. En junio de 2004, cuando ya se le adeudaban 330.000 euros, el presidente de la Cámara, Juan María Atutxa, afirmó en una rueda de prensa que libraría las subvenciones a SA cuando se resolviera la querella que se instruía en el TSJPV.

El 29 de diciembre de 2004 el TSJPV señaló que la Mesa no había cometido delito alguno y cerró el caso. Pese a lo dicho con anterioridad, el 25 de enero de 2005 Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao se reunieron con una representación de SA y le comunicaron que no iban a proceder al pago de las subvenciones, puesto que ello podría ir contra el artículo 576 bis del Código Penal, que es mismo año fue derogado como ya se preveía con anterioridad.

A las pocas semanas se convocaron elecciones y el Parlamento fue disuelto. En la siguiente legislatura, la Mesa de la Cámara, presidida por Izaskun Bilbao, decidió incorporar los 600.000 euros que se adeudaban a SA a los presupuestos.

El Tribunal Supremo exigió en enero de este año que se le remitieran las cantidades impagadas a Sozialista Abertzaleak , puesto que la Ley de Partidos establece que ese dinero debe destinarse «a actividades de interés social o humanitario».

El Parlamento alegó que dicho dinero se había incorporado a sus presupuestos y había sido ya gastado. El Tribunal Supremo aceptó ayer las alegaciones de la Cámara, aunque con la cautela de que debe acreditarse el destino dado a dichas subvenciones «con la especial advertencia de que en ningún caso se podrán aplicar en beneficio del grupo extinguido ni de ninguno de los miembros que lo integraron.