Ante la petición del TSJPV de que el CGPJ reclamara a la portavoz del Gobierno de Lakua, Miren Azkarate, que «se abstenga de llevar a cabo actuaciones dirigidas a inquietar la actividad» del juez que instruye el caso contra el lehendakari, dirigentes de Batasuna y del PSE, la Comisión Permanente del gobierno judicial acordó ayer que «el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales es una manifestación más del derecho a la libertad de expresión reconocida en la Constitución, y no puede ser entendida como capaz de inquietar la independencia judicial, sin perjuicio del respeto institucional que debe de existir».

Dos de los cinco componentes de la Comisión mostraron su disconformidad con la decisión y asumieron las tesis del TSJPV.