EL CORREO | Xabier Gurrutxaga 2007/4/27. Euskal Herria.
La realidad y la ley
El espectáculo que se está organizando a raíz de las opciones electorales que ha presentado la izquierda abertzale tradicional está resultando circense. Hay que destacar la impresionante capacidad de organización y movilización que está demostrando este sector político (...) Quienes ensalzan las virtudes de la Ley de Partidos y comparten la estrategia y los objetivos que se perseguían se resisten a reconocer la realidad que existe tras las casi 90.000 personas que con su firma avalan las opciones que se ofrecen, así como el compromiso que representa el hecho de contar con más de 10.000 personas que muestran su disposición para figurar como candidatos (...).
Quienes diseñaron aquella ley sabían con certeza lo que querían. Buscaban reducir la compleja realidad social de la izquierda abertzale a un problema jurídico y fundamentalmente judicial de orden estrictamente terrorista. (...)
No resulta fácil compaginar en la práctica la estrategia de la ilegalización sin límites con el ofrecimiento de un final definitivo y dialogado de la violencia. Pero tampoco está claro que la Ley de Partidos sea un instrumento útil para conseguir la ilegalización (...).
En su momento la participación de EHAK puso de manifiesto esas limitaciones. Su presencia y continuidad en la vida política constituyen la expresión de las dificultades políticas y jurídicas que existen en un Estado democrático para deshacer una realidad jurídica ya constituida. Actualmente y atendiendo a los criterios expresados por el Constitucional parece razonable pensar que una parte grande de las listas de ANV superará el control de legalidad.
Salvo que Garzón considere que existen indicios objetivos como para decretar la suspensión de las actividades de este partido. O bien podría también suceder que la resolución de este juez se convirtiera en la mejor carta de legitimación democrática en el caso que considerara que no existe conexión con ETA. El problema no es tanto el fraude de Batasuna cuanto la ineficacia de una ley para abordar y regular una realidad que ni siquiera ha pretendido entenderla ni contemplarla.