Vaya por delante que resulta duro ponerse del lado del río en estos días, en los que tras las últimas crecidas, las aguas van volviendo a su cauce habitual. En algunas zonas de nuestra geografía navarra, el panorama es desolador: diques rotos, campos erosionados, cosechas perdidas, obras afectadas, inmuebles pasados por agua... Quien más quien menos se ha sentido solidarizado con los agricultores, principalmente. Sin embargo conviene recordar conceptos olvidados pero básicos a la hora de interpretar estos hechos al margen de la imagen social generada de alarmismo. Queremos recordar que las medidas que se reclaman para «controlar» el río se han mostrado a todas luces ineficientes en situaciones de grandes crecidas. El primer dato, que en principio puede aportar más desasosiego, es un dato objetivo porque se puede medir: las últimas crecidas ni siquiera han sido especialmente extraordinarias. La crecida que se ha producido este año tiene un periodo de recurrencia de unos pocos años, es decir que se han producido habitualmente, cada tres o cuatro años crecidas como éstas, principalmente en la primera mitad del siglo XX.

El segundo dato, también objetivo, es constatar que la rotura de los diques o motas durante las avenidas constituye el mayor peligro para cualquiera de los usos que se estén llevando a cabo en las vegas, incluido el peligro para las vidas humanas. Tanto la construcción de diques de defensa como de embalses son medidas que acaban generando una falsa sensación de seguridad que favorece la invasión de la llanura de inundación por parte de las actividades humanas. Hablando de los embalses, éstos tienen una capacidad limitada para laminar las avenidas ordinarias y esta capacidad depende de su situación de llenado. Desde luego, su capacidad es casi nula para regular las crecidas extraordinarias.

Si el embalse de Itoiz laminó parte de la avenida última en el Aragón y el Ebro, fue porque estaba muy por debajo de su capacidad de almacenamiento máxima dada la condición de llenado de prueba en que se haya.

Aplicando algunos conceptos básicos de geometría, queda claro que la función laminadora de las avenidas que desarrolla la llanura de inundación es potencialmente más efectiva que la de los actuales embalses de la cuenca. La cantidad de metros cúbicos de agua que había que desalojar después de las intensas lluvias de esos días sólo cabía en esas llanuras o vegas fluviales. Estas llanuras son tan extensas en el caso de nuestros grandes ríos, Arga, Ega, Aragón y Ebro, que con una lámina de agua de sólo 5 cm de espesor se almacenan cantidades equivalentes o superiores a las almacenadas por cualquiera de los embalses de la cuenca ( Itoiz, Yesa...), es decir, en pocos kilómetros caben millones de metros cúbicos de agua. Este efecto de regulación además sería incomparablemente mayor si se estableciera un verdadero espacio de libertad fluvial. Para conseguir este espacio habría que empezar por corregir la influencia de muchos de los obstáculos construidos por el ser humano sobre el flujo natural del agua en la llanura de inundación (puentes, pasos en terraplén, etc). También, al igual que se está haciendo en muchos países desde hace ya varias décadas, eliminar o rebajar parte de las actuales y peligrosas motas de defensa, o en algunos casos situarlas más alejadas del cauce, evitando así concentraciones de agua en lugares situados aguas abajo de los tramos encauzados por los diques, que pueden resultar peligrosas.

Como describe el profesor de la universidad de Zaragoza Pedro Arrojo, tras unos episodios de crecidas dramáticas en la década de los ochenta, tanto en EEUU como en algunos países de Europa, en lugar de recrecer diques y motas o dragar el cauce, se decidió dar más espacio al río, devolviéndole zonas de expansión en tramos adecuados y compatibles con la inundación. Se abrieron negociaciones con los agricultores que pudieran recibir en el futuro inundaciones «blandas» de sus campos para acordar generosas indemnizaciones. Muchos diques fueron abiertos y otros alejados del cauce. Los meandros que habían sido rectificados fueron restaurados, de forma que, en su deambular zigzagueante, frenaran la fuerza de la corriente y se recuperaron bosques de ribera que habían sido eliminados.

Es urgente la habilitación de espacios de inundación en zonas compatibles con la misma, junto al retranqueado de determinadas motas y la adecuada reforestación de sotos y riberas, con las pertinentes indemnizaciones -la persistencia del uso agrícola tradicional en la llanura de inundación favorece la función laminadora de la misma, por lo que debe ser apoyada y potenciada-. Estas medidas deben combinarse con planes eficaces de defensa de los núcleos urbanos (incluyendo válvulas que bloqueen la inundación a través de los sistemas de alcantarillado) y de las vías de comunicación. No podemos eliminar todos los usos e invasiones de las vegas, pero sí ordenarlos. Aquí ya se están dando algunos pasos. Se están llevando a cabo experiencias piloto de retranqueo de diques en los tramos bajos del Arga y Aragón cuyo resultado está por valorar. La Manco- munidad de la comarca de Pamplona fue pionera en habilitar válvulas de bloqueo en el alcantarillado con un resultado muy positivo, por ejemplo en Burlada. En décadas anteriores se establecieron medidas de protección para los sotos y riberas de los ríos además de partidas para su restauración desde el Departamento de Medio Ambiente.

En el sentido opuesto, todavía se sigue proyectando urbanizar zonas inundables y se continúa con una política de defensas y dragados que en muchos casos favorecen el desarrollo en el cauce central de una vegetación inapropiada, invasora y que dificulta el flujo del agua.

El propio funcionamiento natural de un río favorece que parte de la crecida se desborde e inunde las riberas y las terrazas, provocando un tipo de inundación en la que el volumen que se desborda, se infiltra y fertiliza la vega es a su vez un volumen de agua que se resta al balance global del episodio de inundación. El río gestiona su propia inundación mejor que nadie, lleva haciéndolo toda la vida.

Reconocer que las llanuras aluviales inundadas son el mejor seguro contra los efectos perniciosos de las inundaciones y valorar su interés como sistemas naturales debería ser el objetivo principal de nuestras administraciones públicas en la gestión de estos episodios.