colapso en la búsqueda del proceso de resolución
Gobierno-ETA y Batasuna-PSOE mantuvieron negociaciones simultáneas y en el mismo lugar en plena campaña electoral, sin que se llegara al acuerdo
Las negociaciones se dieron por concluidas en encuentros simultáneos entre el Gobierno y ETA y el PSOE y Batasuna, hace tres semanas. El motivo: la negativa a un acuerdo político. La primera consecuencia: el fin del alto el fuego.
GARA | DONOSTIA
Sendas delegaciones del Gobierno español y ETA, por un lado, y de Batasuna y PSOE, por otro, se reunieron de forma prácticamente simultánea los pasados días 14, 15 y 16 de mayo -con una última cita entre las delegaciones de los partidos el día 21- en una ciudad europea. Unos encuentros que, en todos los casos, contaron con presencia de cualificados observadores internacionales, en el último intento para desbloquear el proceso de negociación, atascado desde meses atrás, según fuentes de absoluta solvencia consultadas por GARA.
Estas fuentes confirman que la delegación de Batasuna estuvo encabezada por Arnaldo Otegi, que posteriormente resultó encarcelado de modo fulminante días después del fin del alto el fuego. Su ausencia en aquellos días, en plena campaña electoral, llamó la atención, hasta el punto de que periódicos y medios digitales se preguntaron «dónde está Arnaldo Otegi» ante su ausencia en actos públicos.
A tenor de esta información, la tentativa quedó finalmente frustrada al no producirse un compromiso político en el carril entre Batasuna y el PSOE que resolviera los nudos del conflicto, con lo que se dio por finalizada la fase de negociación abierta tras el alto el fuego y que ha conocido diferentes episodios.
Reformas estatutarias
La posición del PSOE se limitó en todo momento a plantear la opción de reformas estatutarias en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra, con el máximo puesto en la posibilidad de poder constituir en el futuro un órgano común intergubernamental atendiendo a los lazos existentes entre ambas.
Las delegaciones vascas, por su parte, insistieron en la necesidad de llegar a un compromiso para la superación del conflicto, y no para su perpetua- ción. Asimismo, insistieron en que ello se debía producir gracias al esfuerzo compartido de las partes, el mismo que permitió años atrás explorar el inicio del proceso e ir dando pasos. En caso contrario, en ausencia de ese compromiso mutuo, a la izquierda abertzale sólo le quedaría la opción de seguir reivindicando que el Estado español asuma un proceso propio de democratización que acepte el derecho a decidir de la ciudadanía vasca. Una segunda y verdadera reforma democrática.
La permanente vulneración de las garantías y de los principios del proceso también estuvo encima de la mesa, de forma especial en la de ETA y el Gobierno. La organización armada, que se comprometió a desmantelar sus estructuras militares si el proceso se culminase, insistió en que debían desactivarse los mecanismos represivos para propiciar una situación de tregua bilateral.
Al igual que los encuentros y contactos previos a esta cita, celebrados en marzo y abril de este mismo año, el Gobierno fijó su prioridad en exigir que ETA renunciase, de forma explícita, al derecho de respuesta que la organización armada había incorporado a su alto el fuego permanente. Por contra, se negó a desactivar ninguno de los meca- nismos judiciales vigentes, ni siquiera las euroordenes u otros mecanismos de arresto, a pesar de que ello podría llevar a situaciones tan graves como la que derivó en la detención, el mes de marzo, del miembro de la delegación de la organización Jon Iurrebaso (que estaba acompañado de otro ciudadano vasco encargado de su seguridad). Estas detenciones se produjeron justo cuando se dirigían a un encuentro con los representantes del Gobierno español.
La propuesta para realizar la cita de mediados de mayo, con el formato de que ésta fuese avalada por una sustancial representación internacional, partió de ETA, después de que los contactos y reuniones habidos en marzo y abril entre ambas partes no lograsen mover posiciones, si no era en dirección contraria al proceso de diálogo. La ilegalización de la izquierda abertzale para las inminentes elecciones municipales y forales era presentada por parte española como una amenaza más que real cuando se formuló esta petición.
Consultas en Madrid
Llegado el 14 de mayo, los encuentros de los dos carriles se celebraron de forma consecutiva en el mismo lugar, en un país europeo. Se iniciaron con una reunión entre la organización armada y el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, que dio paso a otra entre Batasuna y el PSOE, y así sucesivamente. ETA y el Gobierno asumieron que la clave estaba en el acuerdo a alcanzar en la otra mesa, aunque la más insistente en ese sentido fue la organización armada.
Precisamente en el ámbito del acuerdo político pendiente se produjo otra vez el bloqueo, después de que la izquierda abertzale formulase la propuesta de estatuto de cuatro provincias con derecho a decisión. Tras fijar su posición en una mera reforma de las estructuras existentes, la representación guber- namental y la del PSOE pidieron ausentarse para acudir a consultar sobre la propuesta vasca a Madrid.
Los representantes españoles volvieron al lugar del encuentro y el 21 de mayo se produjo una nueva y última reunión entre el PSOE y Batasuna, pero la representación española no se movió respecto al acuerdo político, lo que puso punto y final de las negociaciones iniciadas tras la declaración de tregua de 2006 y concretadas en diferentes intentonas durante estos meses.
A los pocos días, ETA daba a conocer su decisión de dar por finalizado su alto el fuego, tal y como ya manifestó en los encuentros.
En esas negociaciones simultáneas, realizadas en plena campaña electoral, participó Arnaldo Otegi, a quien el Estado español encarcelaría de modo fulminante días después del final del alto el fuego de ETA.
La iniciativa de ETA de hacer partícipes de las negociaciones a instancias de estados europeos dio paso, en el marco de estas reuniones celebradas a mediados de mayo, a una propuesta de la organización armada para la constitución, en el caso de que el proceso se desbloqueara políticamente, de una comisión internacional compuesta por esas mismas instancias para verificar el desarrollo del carril de negociación propio de ETA y el Gobierno español. Se garantizaría así el cumplimiento de compromisos de distensión, consensuados por ambas partes ya en 2005 como «garantías» para el desarrollo del proceso pero que fueron incumplidos por el Ejecutivo de Zapatero nada más producirse la declaración de alto el fuego permanente de marzo de 2006.
Otro elemento para garantizar el proceso que ha sobrevolado los diferentes intentos negociadores ha sido el del «pacto de Estado», a cuya consecución se había comprometido el Gobierno del PSOE en ese mismo momento inicial, pero que no se ha materializado en estos quince meses.
El PSOE ha argumentado a su favor que el PP no estaba dispuesto a ello y que eso le impedía movimientos. Tras la conclusión del alto el fuego permanente, sí parece que el PSOE y el PP comienzan a entenderse, aunque la naturaleza de ese consenso sería de signo bien distinto al que debiera haber facilitado el proceso de resolución.
La propuesta para estos encuentros de los dos carriles, celebrados en un país europeo con el apoyo logístico y de seguridad de su Gobierno, excluía al PNV por considerar que los representantes de ese partido se habían convertido en un obstáculo para llegar a buen puerto en todos los intentos anteriores. Las negociaciones políticas entre el PNV, el PSOE y Batasuna se bloquearon en otoño del año pasado después de muchas horas de debate y los intentos por retomarlas por la izquierda abertzale con la presentación de su propuesta de estatuto a cuatro han tenido la oposición frontal de los jelkides desde que fue formulada públicamente.
El PSOE, que aceptó el planteamiento para simultanear las reuniones de los dos carriles al tratarse de un mismo proceso político, llegó a reconocer que el PNV no quería abordar la propuesta de cuatro territorios porque ello implicaba perder poder económico. De este modo, no hubo representación jelkide en las negociaciones desarrolladas en el mes de mayo y sólo la izquierda abertzale y el PSOE cruzaron sus propuestas.
Desde el mes de febrero, el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, había insistido en que no se podía sentar con la izquierda abertzale y que había que clausurar el proceso político, además de augurar la probabilidad de próximos atentados de ETA. Por ello, a esta ronda se invitó únicamente a quienes sí estaban dispuestos a sentarse en la mesa.
En la mesa política, el PSOE se limitó a ofrecer reformas estatutarias y un órgano común futuro como tope; en la militar, se negó a desactivar mecanismos como el que había llevado a detener al delegado de ETA Jon Iurrebaso.
