Preso de la hostilidad de la Justicia y de los ataques de Al Qaeda, el general Pervez Musharraf, que se hizo con la Presidencia de Pakistán en octubre de 1999 gracias a un incruento golpe de Estado en el transcurso del cual arrestó, primero, y obligó a exiliarse al entonces primer ministro, Nawaz Sharif, ordenó deportar el lunes a Arabia Saudí al antiguo jefe del Gobierno que había vuelto al país para enfrentarse a Musharraf en las próximas elecciones legislativas.

El fallido pero teatral regreso de Nawaz Sharif ha sido el último duro golpe contra el régimen más que vacilante de Musharraf, que los va acumulando desde que hace seis meses intentó, en vano eliminar al presidente del Tribunal Supremo paquistaní, Iftikhar Mohammed Chaudhry. Éste cuestionó, desde el punto de vista jurídico, el derecho de Musharraf a ser reelegido presidente de aquí a fin de año si antes no renuncia a su gorra de jefe de Estado Mayor del Ejército.

Controlar al Ejército es vital en esta potencia, en adelante nuclear, de 160 millones de habitantes, que ha vivido más de la mitad de sus 60 años de existencia bajo la tutela de los generales.

Manifestaciones y afrentas

En los últimos seis meses han sido innumerables las manifestaciones al grito de «Fuera Musharraf» y las afrentas infligidas por el Tribunal Supremo al Gobierno, la más importante de ellas la autorización concedida a Nawaz Sharif para volver del exilio dos años antes de la fecha establecida en el acuerdo que él mismo había firmado en el año 2000 con el fin de salir de prisión y escapar de la cadena perpetua por corrupción y traición a cambio de permanecer diez años en el exilio.

«La crisis política debilita la lucha contra el terrorismo» que Musharraf, aliado clave de Washington en su «guerra contra el terror», ha reactivado recientemente, asegura Talat Massod, general retirado y politólogo.

Desde el asalto a la Mezquita Roja de Islamabad, ocurrido los días 10 y 11 de julio y que costó la vida a más de un centenar de islamistas fuertemente armados, una campaña de atentados ha causado al menos 230 muertos en el país, después de que Al Qaeda clamara venganza.

La expulsión de Sharif fue impugnada ayer en el Tribunal Supremo por su partido, el PML-N, que también presentó una denuncia por «ofensa a la Justicia», ya que su deportación, ordenada por Musharraf, vulne- raba la resolución del Supremo que permitía su regreso.

«Ello ha permitido eliminar un rival, pero es una política a corto plazo», señala el profesor universitario Hasan Askari. «En cualquier caso, eso va a reforzar a la oposición y va a intensificar la confrontación con el Tribunal Supremo», añade el experto.

Ciertamente, aunque los medios de comunicación son unánimes al denunciar esta «injusticia», varios analistas destacan la ausencia de manifestaciones significativas para recibir a Shaarif o protestar por su prevista y anunciada expulsión. La Policía se había desplegado de forma masiva, pero en otras ocasiones en los últimos meses los ciudadanos le han hecho frente.

Demasiado deprisa

Otros expertos y dirigentes de del partido de Musharraf coinciden en que habría sido mejor dejar a Sharif presentarse a las elecciones. «Musharraf y sus aliados reaccionan demasiado deprisa ante los acontecimientos», afirma Rasul Baksh Raees, de la universiada de Ciencias Humanas de Lahore.

La deportación de Sharif y el ascenso del islamismo radical «conducen cada vez más a lo inevitable», resume el editorialista y politólogo Najam Sheti: «La confrontación con el Tribunal Supremo, no deja otra elección que la instauración de la ley marcial y un acuerdo con Benazir Bhutto». Pero las negociaciones entre Musharraf y Bhutto, ex primera ministra en el exilio, de cara a una posible futura división de poderes se encuentran bloqueadas.