El diputado general de Araba, Xabier Agirre, anunció ayer que la Diputación alavesa ha remitido a Bruselas el listado de empresas que percibieron las «vacaciones fiscales» o deducciones a la inversión, junto con el proyecto de inversión, y adelantó que tras la respuesta del Tribunal Europeo, buscará «alternativas para cada empresa». Agirre resaltó que en los referente a las ayudas fiscales a empresas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa que la UE considera ilegales, las tres diputaciones «van de la mano» y recordó que el Tribunal Europeo «todavía no ha entrado en el fondo del asunto, ya que «no hay sentencia». En este sentido, anunció que el Ejecutivo alavés ha dado respuesta al requerimiento de la Comisión Europea cuyo plazo finalizaba ayer, al remitirle el proyecto de inversión y el listado de empresas afectadas por el mismo, cerca de 300.

Asimismo, Agirre explicó que ha solicitado a Bruselas que indique a qué beneficios regionales podrían haber accedido las empresas si no se hubieran acogido a las ayudas cuestionadas, ya que «en algunos casos podrían alcanzar el 25%».

Según las tesis de las haciendas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, las empresas se acogieron a las vacaciones fiscales contando con su legalidad y, al hacerlo, perdieron la oportunidad de beneficiarse de otras posibles ayudas. Además, el diputado general alavés advirtió de que «probablemente no habrá sentencia firme hasta bien entrado el año 2008».

Sin embargo, aseguró que cuando se reciba la respuesta de Bruselas, «tomaremos las soluciones y alternativas para cada empresa individualizadamente». En este sentido, adelantó que una de las soluciones podría ser, «siguiendo con las directivas europeas, implementar determinadas ayudas a través del I+ D+ i».

Por otro lado, Agirre, ante una posible reforma integral del Impuesto de Sociedades, señaló que «llevaría muchos meses, ya que debería pasar por muchos trámites». «Es un tema que se puede plantear dentro del programa Tributario, pero no es lo urgente», concluyó.

Procedimiento sancionador

La Comisión Europea abrió el pasado mes de junio un nuevo procedimiento sancionador contra el Estado español por no recuperar las ayudas concedidas a empresas en el marco de las conocidas como «vacaciones fiscales», motivo por el que el Tribunal de Justicia de la UE condenó a Madrid en diciembre pasado.

Si Bruselas no ve satisfecha su demanda, acudirá de nuevo a la Justicia europea, que podría imponer multas hasta que se complete la recuperación.

En su «carta de emplazamiento» -el primer paso en el proceso de los expedientes comunitarios- la Comisión requirió información sobre las medidas para cumplir la citada sentencia del Tribunal, y a la que debía responder en un plazo de dos meses.