Los siete jóvenes detenidos el pasado martes en Donostia declararon ayer ante el juez de la Audiencia Nacional española Fernando Grande Marlaska en situación de incomunicación, toda vez que dicho juez se negó a aplicar el protocolo puesto en marcha por Baltasar Garzón con el fin de evitar los malos tratos. Según Grande Marlaska, no es necesaria la aplicación de dicho protocolo porque «el estado de derecho tiene mecanismos suficientes» para evitar los malos tratos de los detenidos. Esas declaraciones no pueden sino acrecentar las sospechas sobre el trato que se dispensa a los detenidos en los centros policiales. Cuando durante largos años se han producido miles de denuncias de torturas y malos tratos; cuando se ha dado el caso de que ciudadanos vascos que habían denunciado haber sido obligados bajo tortura a admitir gravísimas acusaciones, tras permanecer largos periodos en prisión, han sido puestos en libertad al demostrarse falsas dichas acusaciones en sede judicial; cuando las imágenes de hombres y mujeres tras ser incomunicados dejan lugar más que a la duda al horror, no parece suficiente la palabra de un juez para garantizar el respeto de los derechos de todo detenido. No se trata de mecanismos, sino de voluntad. Por supuesto que existen mecanismos para evitar los malos tratos. Más dudoso parece que exista voluntad.