Rumanía es estado miembro de pleno derecho (o casi) de la Unión Europea desde el 1 de enero de este año. Es el séptimo país de la Unión por población y el noveno por superficie. Limita con Ucrania y Moldavia en el noreste, Hungría y Serbia en el oeste y Bulgaria al sur, y tiene también una pequeña franja de costa en el Mar Negro. Muchas fronteras exteriores de la UE y una situación económica y social muy alejada de los parámetros que vende al mundo la propia Unión Europea. Otro reflejo de que las decisiones en torno a las ampliaciones de la actual UE tienen muy poco que ver con el grado de preparación real de los candidatos (adecuación al acervo comunitario, evolución del mercado interior...). Pero es que, además, Rumanía tiene rumanos, casi 22 millones, de los cuales un 4,5% son de etnia gitana. Y esta obviedad, que en sí no debería albergar mayor misterio ni significar nada, acaba de saltar a la mesa de la Unión Europea con un estrépito considerable, y sus efectos colaterales pueden ser notables. Una agresión mortal cometida supuestamente por un joven rumano en Roma ha puesto a los inmigrantes de aquel país en el punto de mira. El Gobierno de centro-izquierda italiano, en un nuevo ensayo por parecer más derechista que la derecha tradicional, ha autorizado por decreto a la Policía la expulsión del país de todo ciudadano europeo «que represente un peligro para la sociedad». Por toda respuesta o reacción, la Comisión Europea ha aconsejado a Roma que mantenga las moratorias para acoger a trabajadores de los últimos estados miembros que han ingresado en la UE -y que aún no están en Schengen- y le ha recordado que puede expulsar a quienquiera echando mano simplemente de una directiva de 2006 según la cual «cualquier inmigrante que no tenga medios de subsistencia o que cometa un delito puede ser expulsado».

La Unión sigue tratando la inmigración (incluso la «interna») como un «problema» y una cuestión policial, sin abordar en serio el debate sobre su propio modelo de crecimiento y las consecuencias en términos de xenofobia y de merma de los derechos civiles que sus medidas pueden acarrear para el conjunto de los ciudadanos de la Unión.