La Ley del Agua, que entró en vigor en enero pasado después de que fuera aprobada por la Cámara de Gasteiz en junio de 2006 con los votos del tripartito y PSE, contempla la posibilidad de que el Ejecutivo autonómico penalice con una tasa a aquellas familias que gasten agua en exceso. El límite establecido a partir del cual se pensaba penalizar el consumo de agua es de 130 litros por persona y día, en el caso de los hogares.

La ley fue recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional, al estimar que la mayor parte de la población de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, a quienes sirven el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Amvisa y las mancomunidades de Txingudi y Añarbe, «pagarían dos veces» por lo mismo, una vez que esas entidades públicas llevan décadas repercutiendo en la factura el coste del saneamiento de las aguas.

Aunque la ley lleva un año en vigor, estaba previsto que el canon se empezara a aplicar a partir de enero de 2008. Sin embargo, el Gobierno de Lakua ha decidido aparcar la medida al constatar que el consumo medio de agua ha descendido. Según fuentes del Departamento de Medio Ambiente, el consumo medio actual se sitúa en torno a los 120 litros por persona y día, con lo cual se ha entendido que no es necesario aplicar el canon.

El decreto que desarrolla la nueva legislación se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco el próximo lunes y mantendrá la previsión de gravar los consumos excesivos por parte de las actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería y las industrias, tal y como lo establecen las directivas de la UE, aunque también se benefician de otras bonificaciones en las tarifas si proceden a la reducción en el uso de agua.

Lakua ha aclarado que el canon para los hogares no desaparece, sino que se aplaza su aplicación y si en un futuro se ob- serva un incremento en los consumos medios de las familias se recurrirá a esta herramienta. Este polémico aspecto de la Ley del Agua fija un gravamen de 6 céntimos por cada metro cúbico consumido para aquellos particulares cuyo gasto de líquido fuera superior a 130 litros por persona y jornada.

La repercusión media en el bolsillo de los usuarios se aventuró en torno a los 3 euros anuales en el recibo. Los responsables autonómicos consideraron que sus arcas podrían recaudar cerca de 9 millones de euros por este canon, que se dedicarían a la financiación de nuevas infraestructuras hidráulicas y «a la protección, restauración y mejora del medio acuático». Desde las mancomunidades se mantienen ciertas dudas sobre el sistema de control.