Un proceso contra el auzolan de Euskal Herria
El sumario 18/98 ha afectado a la vida de cientos de personas, ha ocasionado el cierre de empresas y medios o la ilegalización de organismos. Pero es mucho más que un ataque a los derechos civiles y políticos; agrede la labor de construcción de este país en múltiples ámbitos. Un puzzle, un auzolan, del que eran piezas Ekin, Xaki, Zumalabe, «Egin»...
![p008_f01_358x126.jpg p008_f01_358x126.jpg](/Repository/Imagenes/Pub_3/Issue_1179/p008_f01_358x126.jpg)
Iker BIZKARGUENAGA
Los procesados en el sumario 18/98 han denunciado una y mil veces el atropello a los derechos civiles y políticos que ha supuesto este proceso y otros ligados a él. Sin embargo, más allá de esta agresión a derechos elementales de una parte de la sociedad vasca, lo cierto es que las operaciones policiales dirigidas por el juez instructor Baltasar Garzón y el posterior recorrido de las mismas en los tribunales han supuesto un ataque a la labor de construcción nacional de Euskal Herria en diferentes e importantes ámbitos.
El 18/98 no sólo ha cercenado el derecho de asociación, reunión, manifestación y expresión de centenares de personas, sino que fundamentalmente ha tratado de obstaculizar el trabajo que los organismos y agentes encausados desarrollaban en favor de este país. Así lo denunciaron los propios acusados en la Sala, ante el tribunal, y así lo ha entendido también la sociedad vasca, que ha estado junto a ellos desde el inicio.
Uno de los espacios de trabajo que el Estado español golpeó con este macroproceso fue el de las relaciones internacionales, ámbito que en este sumario se concreta en la «pieza Xaki» pero que afecta también a muchas personas ajenas a este colectivo. La Asociación Europea Xaki nació al objeto de dar a conocer a la comunidad internacional la realidad de Euskal Herria, expresar la solidaridad de los vascos hacia otros pueblos del mundo y recibir al mismo tiempo esa solidaridad internacional hacia este pueblo. Otro objetivo de Xaki, tal como relató Mikel Egibar en el juicio, era impulsar las relaciones entre las comunidades vascas fuera de Euskal Herria mientras que, en el ámbito comunicativo, pretendía contrarrestar la «intoxicación» existente respecto a este pueblo fuera de nuestras fronteras.
Egibar, uno de los creadores de esta asociación, detalló también el trabajo desarrollado en el ámbito de la cultura, participando en foros e instituciones internacionales, y la labor de ayuda realizada en ámbitos sectoriales que tenían problemas, como el pesquero, en el que llegaron a mediar en el conflicto entre arrantzales vascos y bretones.
Informando al mundo
Frente a esta realidad, Garzón lanzó en 2000 una operación policial sostenida en la argumentación de que Xaki era un instrumento creado por ETA con el objetivo, entre otros, de «mantener el control de los deportados y refugiados», «deslegitimar el ordenamiento jurídico español» y «crear infraestructuras para alojar a terroristas». Acusaciones que fueron contundentemente desmentidas por el propio Egibar y por otros miembros de Xaki que declararon como testigos.
Porque, de hecho, el único de los juzgados en esta pieza que era miembro de esta asociación es este vecino de Zizurkil -aunque otros integrantes también fueron detenidos por la Policía española-. El resto, aun habiendo desarrollado una importante labor política a nivel internacional, no tenía que ver con Xaki. La mayoría estaba relacionada con el área de relaciones internacionales de HB, Euskal Herritarrok o Batasuna.
Y es que lo que el juez español pretendía con esta operación, más allá de neutralizar la labor de la asociación europea, era gol- pear el importante trabajo que a nivel internacional desarrollaba -y desarrolla- la izquierda abertzale, en el sentido de explicar a todo tipo de agentes políticos, sociales y sindicales del mundo la situación política de Euskal Herria, habitualmente tergiversada por el filtro de los medios de difusión, y hacer llegar la apuesta de la izquierda independentista vasca por alcanzar una solución política y democrática al conflicto que enfrenta a este pueblo con los estados español y francés y las propuestas realizadas en este sentido. Así lo relataron los procesados, así como testigos que ejercieron de interlocutores suyos durante años y que dieron cuenta de la labor política desarrollada en todo tipo de foros. Testigos que llegaron a la Casa de Campo procedentes de diversos países y en representación de fuerzas políticas de muy distinto signo ideológico.
«Explicamos al mundo que es necesaria una solución democrática», resumieron Mikel Korta y Miriam Campos el 19 de abril de 2006. Detallaron que «poníamos de manifiesto el carácter político e histórico de este conflicto, y la necesidad de una solución democrática basada en el respeto del derecho de autodeterminación de este pueblo».
La construcción nacional de Euskal Herria se puede escribir con mayúsculas, pero se debe hacer con minúsculas. En los barrios y en los pueblos, trabajando en favor del euskara, de la cultura vasca, de su educación y de un sistema socioeconómico que responda a los deseos y las necesidades de los sectores populares. Ekin nació para trabajar por este objetivo. No como sustituto de nada ni para ejercer de «comisarios» de nadie, como han presentado reiteradamente el juez instructor, policías o ciertos medios.
Las señas de identidad de un pueblo
Los procesados en esta pieza, tanto los que han reconocido su militancia en Ekin como los que han negado que formaran parte de este organismo, aunque tuvieran conocimiento del proceso que llevó a su constitución, señalaron que esta organización nació ante el déficit que en el seno de la izquierda abertzale se detectó en la estrategia en favor de la construcción nacional, y tras la constatación, tras una profunda labor de diagnóstico, que «la reforma impulsada tras el franquismo había desdibujado la realidad de Euskal Herria y sus señas de identidad como pueblo». Bajo esta premisa, y para activar dinámicas sociales en el ámbito del euskara, la cultura, la educación y la socioeconomía, inició su andadura Ekin, cuya presentación pública en otoño de 1999, en Iruñea, fue multitudinaria.
«Miles de personas en Euskal Herria hacen suyo el proyecto de Ekin», afirmó Olatz Egiguren durante el juicio. La ex juntera de EH en Bizkaia explicó que había decidido formar parte del proyecto que representaba Ekin «porque soy abertzale y euskaldun». Y es que, al igual que ella, que centró su trabajo en el ámbito educativo, varios de los encausados en esta pieza llevan gran parte de su vida trabajando en favor de la lengua nacional vasca, como Juan Mari Mendizabal, que fue profesor de AEK, militante de EHE y miembro del Consejo de Administración de EITB. Personas referenciales en la defensa del euskara, declararon en calidad de testigos para dar cuenta de esa labor. Otros acusados trabajaban el aspecto socioeconómico, contra la precariedad social y laboral, o el de la cultura, siempre desde la misma perspectiva de tratar de reconstruir un país golpeado por siglos de ocupación. Como se recordó en la Sala, «nos organizamos para responder a las necesidades de nuestro pueblo; tenemos derecho a hacerlo».
Con Ekin quiso ligar Garzón a la Fundación Joxemi Zumalabe. Si en su esquema Ekin era la sucesora de KAS, la fundación habría sido creada para tomar el relevo de ASK (Abertzale Sozialista Komiteak). Concretamente, el juez imputó a los miembros de su Patronato, así como a algunos trabajadores, el impulsar y desarrollar «la estrategia de desobediencia civil diseñada por ETA». Nada más lejos de la realidad, como apuntaron los procesados y decenas de testigos.
La Fundación Joxemi Zumalabe nació por iniciativa del economista Fernando Olalde, que al enterarse de que iba a ser beneficiario de una millonaria herencia no tardó en decidir que no iba a destinar ese dinero en su provecho personal. Antes de concretar qué destino iba a darle, contactó con varias personas de confianza, y al final se decidió por desarrollar un proyecto autónomo que trabajara en el ámbito del movimiento popular de Euskal Herria. «Con el dinero quería hacer menos injusto ese mundo que criticaba» relató el propio Olalde a los jueces.
Ese fue el origen de la Fundación Joxemi Zumalabe, en cuyo Patronato se integraron personas -por este órgano han pasado unas veinte- cuya trayectoria, en algunos casos de muchos años, en el movimiento popular de este país está fuera de toda duda. Sus perfiles han sido objeto de palabras de admiración entre todos los testigos que han depuesto en la vista. Su función, como ellos mismos detallaron, es trabajar en el ámbito de la formación, la asistencia técnica de los movimientos sociales, fomentar el debate y ayudar en el conocimiento mutuo de los diferentes organismos que componen el rico paisaje social vasco. Así, hicieron una guía de los movimientos sociales de Euskal Herria, ponen sus medios técnicos y humanos a disposición de todo tipo de agentes, y elaboran la publicación «Fite!», de obligada lectura para todos los organismos de este país.
«`Egin' era el único periódico que trasladaba el punto de vista de los trabajadores». Las palabras de Karlos Trenor fueron corroboradas por encausados, trabajadores, colaboradores, expertos en comunicación y miembros de numerosos agentes sociales y sindicales, cuyo trabajo tuvo eco en este diario que cientos de policías cerraron por orden de Garzón. Era la voz de los trabajadores, y también de los ecologistas, del movimiento feminista, de los jóvenes, de los excluidos, de los euskaltzales. Era «la voz de los sin voz», y ejerció esta función durante más de 20 años, por encima del boicot y los ataques recibidos por todo tipo de instituciones.
Los procesados detallaron el esfuerzo realizado, pueblo a pueblo, para que miles de eginzales aportaran una cantidad económica a fin de que este diario viera la luz. Un esfuerzo que se repitió a lo largo de los años, y que fue complementado con jornadas como Egin Eguna y otras muestras de solidaridad con un periódico que siempre estuvo en el punto de mira de los poderosos. Ejemplo de ello fue la «Operación Persiana» que echó el cierre a este bonito proyecto al tiempo que abría en canal el corazón de muchas personas. Una de ellas, Javier Salutregi, el último director que tuvo «Egin», quien recordó en la Sala que en aquella casa «sólo había papel y tinta y lo cerraron 200 hombres armados». «La libertad de prensa es un concepto acuñado hace siglos; con el periódico cerraron parte de mi vida, y también parte de la vida de los trabajadores que estaban conmigo, y de los lectores que nos seguían con afecto», manifestó en un emotivo testimonio.
La indignación que dejó tras de sí el cierre de «Egin» fue equivalente al enfado que se adueño de la Sala de vistas el día en que declaró el administrador judicial nombrado por Garzón, que reconoció que habían dejado morir a propósito el diario. Las imágenes del vídeo que los abogados elaboraron cinco años después del cierre y que el administrador atesoraba en su casa, sin que las hubiera entregado al tribunal -le obligaron a hacerlo-, resultaron desoladoras.
291
son las afectadas, de una u otra manera, por el sumario 18/98 y los procesos derivados del mismo. Entre detenidos, imputados, procesados, juzgados y condenados, casi tres centenares de ciudadanos vascos.
1-JUNIO-1998
Operación contra las empresas. Ese día se produjo la mayoría de las detenciones, si bien la redada, presentada como primera de la ofensiva, arrancó en mayo.
15-JULIO-1998
Cientos de policías entran el «Egin» y Egin Irratia y proceden a clausurar ambos medios. En los próximos días se suceden las detenciones y encarcelamientos.
9-MARZO-1999
La Guardia Civil detiene a Mikel Egibar y Nekane Txapartegi, que denuncian torturas. Es el inicio de la pieza Xaki. La mayoría de las detenciones fueron el 01/02/2000.
setiembre de 2000
El día 13 de ese mes Garzón lanza la operación «Lobo Negro» contra Ekin y detiene a 20 personas. Xabier Arregi y Natale Landa fueron detenidos en 2001.
5-OCTUBRE-2000
Operación contra la Fundación Joxemi Zumalabe. Nueve detenidos. Mikel Zuluaga fue arrestado el día 31 de ese mes. Mario Zubiaga y Alberto Frías, en febrero de 2001.
otoño de 2005
El 14 de noviembre los procesados en el 18/98 acuden a Madrid a recoger las citaciones. El día 21 empieza la vista oral del juicio, que finalizó el 14 de marzo de 2007.