La radiografía de la siniestralidad laboral es contundente en Euskal Herria. Son ya más de 50.747 trabajadores heridos en accidente de trabajo, de ellos 107 muertes, entre enero y octubre de este año. La inseguridad que padecen los trabajadores, unida al elevado riesgo laboral, provoca esta dramática letanía. Hay que tener en cuenta que se producen otros tantos incidentes, es decir, aquellos que no llegan a accidente leve, pero que, a juicio de los responsables de prevención, demuestran esa disposición acentuada al riesgo en las empresas. Esta dura realidad en los centros de trabajo, sobre todo con los asalariados, no despierta un claro interés por parte de la Inspección de Trabajo. Se sigue conceptuando al trabajador como una pieza más de la cadena productiva que, si se rompe, se sustituye por otra. Es una triste y dura metáfora, pero es así de real.

Los agentes sociales están percibiendo esa situación con toda claridad, pero la desunión existente está benefiando a los empresarios en su diaria vulneración de los derechos que todos los trabajadores tienen reconocidos en la salvaguarda de su salud y seguridad en el centro de trabajo.

Hace poco más de dos años, el jefe de la Inspección de Trabajo de Bizkaia, Manuel Velázquez, reconoció a GARA que la mayoría de los empresarios «prefieren pagar una multa» que contratar en condiciones de seguridad y salud, porque «su cuantía no es disuasoria» debido a que la ley «está hecha a la medida del empresario». Los datos corroboran esa triste realidad.

Pocos inspectores

Después de doce años de Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), los empresarios y la Administración pública siguen con sus discursos de incentivar la cultura de la prevención en los centros de trabajo. Sin embargo, ese paso es secundario; el preferente debe ser cumplir con la legislación. Y ¿quién manda cumplir la ley? He ahí el problema. Las diferentes administraciones miran hacia otro lado, salvo en las evidencias ineludibles y, también, nos encontramos que en Hego Euskal Herria existen en torno a 57 inspectores de trabajo y otros 16 técnicos de Osalan, que están habilitados como inspectores, pero sin facultades ejecutivas. Esos alrededor de 73 inspectores deben controlar 211.373 empresas que hay en Hego Euskal Herria, es decir, casi 3.000 empresas por cabeza, lo que supone que al mes deberían vigilar 241 empresas, es decir 11 empresas al día, una cada cuarenta y dos minutos.

Es evidente que falta personal, que faltan medios, porque si tenemos en cuenta la población asalariada, un inspector de trabajo debe controlar a 18.000 trabajadores. Lejos de la media europea, de un inspector por cada 5.000 trabajadores, precisamente en un territorio en el que la elevada siniestralidad laboral supone la asignatura pendiente desde hace muchos años y que sitúan a Hego Euskal Herria en los lugares de mayor incidencia global de los accidentes de trabajo.

Con datos hasta setiembre del Ministerio español de Trabajo y Asuntos Sociales, la Inspección de Trabajo realizó 22.476 actuaciones y se determinaron infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo en 1.318 centros en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa. Por esa razón, se han impuesto 5,63 millones en multas contra los empresarios, ya que esas irregularidades y vulneraciones de la ley han afectado a 8.760 trabajadores. Esa acción de la Inspección de Trabajo ha representado 81 paralizaciones de actividad y, además, se han propuesto 187 recargas en las cuotas a la Seguridad Social.

Puede considerarse un logro desde la parte oficial, pero esa intervención no llega al 6% de las actuaciones que han terminado en infracción, que, además, sólo suponen el 2,6% de los accidentes producidos y que el empresario ha pasado página ante el horror con el pago de una multa media de 4.271 euros en los nueve primeros meses de este año. Esas sí son palabras mayores.

Desde 2004 a octubre de 2007 se han producido en Hego Euskal Herria un total de 236.743 accidentes con baja y se detectaron sólo 6.648 infracciones por parte de la Inspección de Trabajo, es decir, el 2,8% del total. Las sanciones impuestas llegaron a los 20,37 millones, lo que supone 3.064 euros por cada infracción descubierta en este período de casi cuatro años.

«Ineficaz y escasa»

Esta realidad cotidiana precipita una declaración negativa frente a la Inspección de Trabajo desde los agentes sociales. Janire Domínguez, responsable de Salud Laboral de ELA, manifiesta que «nos encontramos ante una Inspección de Trabajo, ineficaz y escasa en medios, recursos y formación». Para esta sindicalista, las diferentes denuncias que los trabajadores plantean «no tienen resolución, o en muchos de los casos no es inmediata, rápida ni eficaz. Es más en los casos en los que el inspector resuelve requiriendo a la empresa la adopción de alguna medida, ni siquiera se comprueba posteriormente su cumplimiento o no. Es el denunciante quien tiene que volver a requerir su actuación en caso negativo», precisa.

Constata que «las actuaciones de oficio son escasas e insuficientes. Las sanciones que se imponen a las empresas son ridículas, y en ningún caso cumplen una finalidad preventiva». Para ELA, ese organismo sólo tiene como objetivo prioritario «la función recaudador».

Ibon Zubiela, secretario de Salud Laboral de LAB, demanda, como primer paso, la transferencia total de ese organismo que depende de Madrid. «Con cien años a sus espaldas, no ha sido potenciada ni cambiada. Actúan con recursos insuficientes, con un perfil jurista y poco de técnico». Zubiela reconoce, sin embargo, que «los inspectores, aunque hay de todo, siguen siendo los más cercanos a los postulados de la patronal, es decir, piensan que la riqueza la producen los empresarios, para nada los trabajadores».

Eso lleva, a juicio del responsable de LAB, a que «un inspector avise cuando va a realizar la visita. Así no pillas a nadie. El empresario determina ese momento, lo que permite que determinados puestos estén vacíos y zonas de producción inactivas, para que no se vea la realidad de lo que pasa».

Entre otras muchas cosas, Zubiela también critica al Gobierno de Gasteiz, que cuenta con las competencias para la Inspección de Trabajo en cooperativas, administraciones públicas y minas, pero «llevamos años esperando que se designen los inspectores. Tampoco hay que echar las campanas al vuelo porque estamos hablando de unos cinco inspectores más, en esos tres campos». LAB considera que «existe una falta de voluntad política, porque saben que si se ponen más medios se llegaría a confrontar con la patronal, que es lo que no quieren», por lo que demanda «participación sindical ante la Inspección de Trabajo, porque, en cambio, sí se oye a los empresarios».

«Frustración»

Jesús Uzkudun, responsable de CCOO de Euskadi en materia de Salud Laboral, se pregunta si «puede Inspección de Trabajo resolver el déficit de acción sindical. No, aunque realizo muchas denuncias, es un camino de frustraciones, resultado de nuestra división y débil acción sindical, es utópico esperar salvadores ajenos». Advierte de que los recursos de la Inspección de Trabajo y las multas «son insuficientes». Para él, «al empresario le resulta más barato pagar, que cumplir sus obligaciones» y añade que «no podemos olvidar la actitud de los jueces, anulando las sanciones y recargos impuestos por la Inspección de Trabajo».

Uzkudun explica que «hay un compromiso de ampliar sustancialmente sus recursos, hasta un inspector por 7.000 trabajadores», pero todavía «hace falta presionar más para cambiar la actitud política». En este sentido, señala que «después de años de eludir sus responsabilidades, el Gobierno vasco crea la Inspección propia, ya era hora; no podía seguir lavándose las manos, con la reclamación de la Inspección al Estado. Es hora de acabar con la bula que tienen las cooperativas y Administración vasca. Tiene que cambiar su actitud ante el riesgo higiénico y ergonómico o las enfermedades profesionales que genera el trabajo. No sólo se muere por accidentes y sus riesgos exigen prevención, sin duda el Gobierno vasco tendrá que reforzar la Inspección de la Unidad de Salud Laboral de Osalan y controlar la chapucera vigilancia de la salud de los servicios de prevención ajenos».

Josu Balmaseda, de ESK, afirma que «casi todos los males que sufre la gente trabajadora por causa de la Inspección de Trabajo son fruto de su inadecuación. La Inspección de Trabajo es vital en la lucha contra el fraude en la contratación, en el control de las condiciones de trabajo, en la seguridad y salud laborales, etc. En todos esos campos tiene capacidad de intervenir de oficio -por su cuenta-, igual que en el del control de las cotizaciones a la Seguridad Social». Sin embargo, reconoce que «no cuenta con medios suficientes -ni en cantidad de personas, ni en nivel formativo y voluntad profesional, ni en instrumentos para desarrollar su labor-. Lo cual no es un accidente pasajero, sino una opción política de los gobernantes de turno -que, ya hayan sido de derechas o de izquierdas, no se han diferenciado mucho, en este sentido-».

Pilar Collantes, secretaria de Acción Sindical y responsable Salud Laboral UGT Euskadi dice que «es necesario que existan más medios técnicos y humanos para que el control sea más efectivo; no hay que olvidar que no sólo se ocupan de esta materia, sino que los incumplimientos por parte de los empresarios son muy importantes con relación a las condiciones de trabajo».

En seguridad laboral, Collantes afirma que «hay un trabajo pendiente, que es el de realizar informes en materia de delito de riesgo. No debemos quedarnos con la actuación a posteriori del accidente de trabajo cuando las consecuencias para el trabajador son inevitables, sino que el delito de riesgo requiere de inspecciones a las empresas donde claramente se da un riesgo inminente en seguridad para los trabajadores. La responsabilidad de los empresarios en estos casos debe llevarse a las últimas consecuencias; los inspectores deben levantar las actas».