Los sondeos, incluso los que encargan los medios de los que son propietarios sus amigos, constatan que Nicolas Sarkozy ha perdido el estado de gracia. Entre dos y siete puntos de pérdida de popularidad revelan las encuestas publicadas en la última semana. El «tirón rosa» no parece compensar los pésimos datos con respecto a la caída del poder adquisitivo y la incertidumbre sobre el comportamiento de la economía, y en particular sobre el empleo.

El presidente francés, perfecto conocedor de la maquinaria mediática, optó ayer por recuperar punch con una comparecencia en la que se reafirmó en las reformas prometidas durante la campaña, algunas de las cuales cuentan con un grado importante de oposición en la calle.

Servicios públicos y educación son el termómetro de un malestar creciente con los planes del presidente, entre los que figuran finiquitar el modelo de reducción de jornada laboral y reparto de trabajo simbolizado en la Ley de las 35 horas.

A las puertas de nuevos paros y movilizaciones, el presidente galo anuncia que imprimirá más ritmo a su programa, en un intento de acallar los temores de las capas populares de su electorado, que empiezan a tener dudas de que el presidente que se prodiga en viajes exóticos y vuela en jets privados de amigos millonarios, vaya a mejorar sus cuentas domésticas.

Mientras las reformas para recortar plantillas y gasto público se abren paso, Sarkozy se confía al efecto talismán del «enemigo exterior en casa». A unas horas de estrechar la mano a Bono, de U2, para mostrarle su «sensibilidad» ante sus campañas en favor de África, Sarkozy daba nuevos bríos a la caza de inmigrantes, en su mayor parte procedentes del continente africano.

Su ministro del ramo, Bruce Hortefeux, reconoce que en 2007 no pudieron cumplir con los planes de alcanzar las 25.000 expulsiones, pero a la espera del balance definitivo estima que no menos de 23.000 personas fueron repatriadas.

Ello a unos días de que los «sin papeles» volvieran a bajar a la calle en París para denunciar las razzias policiales. Por descontado, en la marea de datos del ministro de Inmigración no se incluye a las víctimas de esas redadas por sorpresa, algunas de ellas menores de edad, o al hecho de que bebés de apenas dos meses de vida sean recluidos junto con sus progenitores en centros de retención a la espera de la orden de expulsión.

Los amigos socialistas

Poco dado a escuchar a los colectivos que trabajan con los inmigrantes, Sarkozy se presentó ayer como bastante más permeable a las propuestas de sus «amigos socialistas». Aclarémoslo, hablaba de Romano Prodi y de José Luis Rodríguez Zapatero. «¿Sabe qué me han pedido los dos? Que Francia, Italia y España procedan a expulsiones colectivas. ¿Lo que hacen los socialistas italianos y los socialistas españoles no cree que debe hacerlo Francia?», dijo el locuaz presidente francés en la rueda de prensa en El Elíseo.

Roma se apresuró a intentar el desmentido. «Italia no lleva a cabo procedimientos de expulsiones masivas», aseveró el ministro de Interior, Giuliano Amato. Pero su matización fue más que reveladora: se realizan vuelos colectivos, pero las expulsiones se llevan a cabo en base a los contenidos de la ley Bossi-Fini. Huelga recordar el perfil ultraderechista de los proponentes de la norma por la que se rige la inmigración italiana bajo el mandato de Romano Prodi.

Aunque a nadie se le oculta que los gobiernos europeos colaboran y comparten gastos en las expulsiones de inmigrantes, enunciar públicamente esas operaciones no entra dentro de lo «políticamente correcto».

Máxime cuando según datos aportados por la asociación italiana Fortress Europe, en 2007 murieron 1.961 inmigrantes en su intento de alcanzar Europa. Dicho organismo, que lleva una estadística de muertes en base a informaciones de prensa, ha censado la muerte de 11.750 personas desde 1988. Esas cifras demuestran que la dimensión del problema, y por descontado sus causas, desbordan los planes securitarios de los gobiernos-centinela del sur de la UE.