Casi la totalidad de las cabeceras que llegan a nuestros quioscos tenían ayer como noticia principal un caso con indicios de tortura a un detenido, lo que no suele ser frecuente. Unos destacaban el estado de Igor Portu, otros la apertura de una investigación judicial y un tercer grupo daba cuenta de la versión oficial de Pérez Rubalcaba. Una versión, por cierto, que ningún periódico se acaba de creer.

No es posible que los autores de la versión oficial tomen por tan tontos a los ciudadanos hasta el punto de pretender que comulguen con ruedas de molino». Con esta contundencia iniciaba su editorial el «Diario de Noticias» antes de destacar que «Igor Portu estaba sano cuando le detuvieron, asistió en buen estado al registro de su domicilio y alguien está en la obligación de explicar por qué acabó horas después en la UCI con graves lesiones». Más aún cuando estos hechos se producen «sólo días después de que otro detenido, Gorka Lupiañez, hubiera denunciado espeluznantes vejaciones tras su arresto».

La falta de consistencia de la versión ofrecida por el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y las lagunas que presentaba, eran puestas en evidencia por la mayoría de los periódicos en sus ediciones de ayer. Aunque algunos lo hicieran a regañadientes. Llamativamente, la versión del ministro encuentra en las cabeceras vascas del grupo Vocento una comprensión que le niegan incluso los rotativos madrileños mas cercanos a la Moncloa. ``El Diario Vasco» y «El Correo» sostienen que mientras el juzgado que investiga el caso no corrobore o cuestione las palabras de Rubalcaba «las fuerzas políticas democráticas deberían conceder a la versión ofrecida por quienes tenían la obligación de custodiar al detenido el grado de credibilidad que merece el desempeño de su tarea».

El problema quizá radique en que la credibilidad debe ganarse y demostrarse. Y ni siquiera quienes a diario evidencian por activa y por pasiva sus buenas relaciones con «fuentes de la lucha antiterrorista» están dispuestos en este caso a tragarse una versión cuya lógica interna cuestionan. «El Mundo», por ejemplo, señala en su editorial que «la explicación de Interior presenta algunas dudas razonables». Y apunta las que considera más importantes. También Alberto Surio, desde las páginas de «El Diario Vasco» reclama «una explicación oficial más convincente».

El que ayer se veía obligado a realizar un verdadero ejercicio de funambulismo -o quizá de contorsionismo- era «El País», porque dedicaba las dos principales páginas de información a sostener la versión oficial, una tercera a marcar alguna distancia entre el Gobierno y la Guardia Civil, y en el editorial dejaba claro que todo aquello era difícil de tragar.

Vayamos por partes. Primer titular, a cinco columnas: «una detención con policontusiones». Segundo, a cuatro: «se necesitan muchas horas para que entre tanto aire en un cuerpo». Es decir, empieza dando la palabra a la Guardia Civil y luego a «fuentes médicas» que ratifican que todo se tuvo que producir mucho tiempo antes de ser trasladado al hospital, es decir, durante la detención. Aunque esa versión flojea cuando la misma fuente médica reconoce que «tanto aire en el cuerpo» «provoca mucho dolor», por lo que no se entiende cómo Igor Portu no se quejó en quince horas. En la tercera página se desliza que «Rubalcaba asume la versión de la Guardia Civil, pero investigará» (un titular similar utiliza también «Público») para aclarar, por si acaso el futuro depara sorpresas, que la versión de Rubalcaba no es del todo de Rubalcaba. Y, por último, en el editorial, «El País» acaba recono- ciendo que la versión oficial tiene «puntos oscuros o ambiguos», porque «el parte médico es difícilmente compatible con esa descripción», y añade que «también habría que precisar la secuencia horaria de los hechos». Casi nada.

¿Cuál es la diferencia entre este caso y otros muchos en los que se han denunciado torturas y que no han tenido la misma repercusión? «El País» lo explicita en su editorial, la aparición pública del parte médico que, por cierto, la Audiencia Nacional intentó evitar. De no ser por esos tres folios que alguien pasó a alguien y acabó llegando a todo el mundo desde la página web de GARA (de donde la recogieron, por ejemplo, las de «El Mundo» y «El País») el ministro del Interior no hubiera tenido que salir a dar una rueda de prensa y menos «en un día festivo en Madrid», como se remarcaba desde «Público».

De no ser por esos tres folios que alguien paso a alguien y por los testimonios de los vecinos de Lesaka que no vieron en mal estado ni a Igor Portu ni a Mattin Sarasola, tampoco prácticamente nadie hubiera puesto en duda la versión de ese ministro. Porque toda la estructura está montada para orillar este tipo de denuncias. Era «Deia», al hilo de la declaración de Rubalcaba de que «las detenciones han cumplido escrupulosamente con nuestra legislación antiterrorista», quien apuntaba con acierto que «como se viene denunciando desde hace muchos años, la legislación antiterrorista ampara los numerosos casos de malos tratos o de violencia injustificada y/o desproporcionada contra los detenidos».