El PP ha previsto que el mes de enero es período inhábil a efectos parlamentarios y no habrá pleno alguno en el Congreso español, de ahí que haya registrado una solicitud para que la Diputación Permanente discuta si es conveniente convocar la sesión plenaria extraordinaria para pedir al Gobierno la ilegalización de ANV y de EHAK.

De hecho, en su sesión de ayer la Diputación Permanente iba a reunirse para votar otras tres iniciativas planteadas la semana pasada, sin que esta propuesta del PP figurara en el orden del día por la oposición de ERC.

Será el viernes cuando se reúna este órgano para abordar la posible convocatoria del pleno extraordinario que, en caso de realizarse, sería el lunes, último día antes de que se publique la disolución de la Cámara.

Por su parte, en la enésima ocasión en que los periodistas le preguntaran por la misma cuestión, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dijo en Salamanca que el Gobierno español «ilegalizará» a ANV cuando «existan las pruebas que hacen falta», al tiempo que ha señalado que «se hará como se debe y con la ley en la mano».

Negó el titular español de Justicia que el Ejecutivo haya puesto fecha para sacar a la formación ekintzale de la legalidad para añadir que actuarán «cuando las pruebas sean suficientes desde un punto de vista cautelosamente racional». En este sentido, se refirió a que las cuestiones de ilegalización «acaban en Estrasburgo pasando antes por el Tribunal Constitucional» y de ahí que mostrara «la cautela desde el Gobierno».

En cuanto a la proposición no de ley que el PP pretende que se aborde en pleno, esta formación reitera que el Pacto Antiterrorista y la Ley de Partidos establecieron un «límite claro» para los partidos que «justifiquen, alienten o apoyen el terrorismo y no condenen las acciones criminales de los terroristas, que deben quedar fuera de juego».

«Doblegar la democracia»

Según el PP, «ANV no ha hecho otra cosa que expresar su absoluta comunión con los métodos y estrategias criminales con los que ETA ha intentado, intenta e intentará doblegar la democracia», en alusión a las últimas acciones reivindicadas por la organización armada. La iniciativa establece un paralelismo entre el proceso que desembocó en la ilegalización de Batasuna y lo que está ocurriendo ahora «con ANV y el PCTV», a los que el PP acusa de «situar su servidumbre a la estrategia de terror de ETA» y de «aprovecharse de su presencia institucional» para «justificar» la existencia de ETA.

En ese contexto incorpora en su petición filtraciones policiales, como la supuesta nómina de EHAK a nombre de la mahaikide encarcelada Marije Fullaondo, o la petición de voto para ANV que hicieran, según el PP, Arnaldo Otegi o Pernando Barrena. También valora que los electos de ANV, con decenas de alcaldías y cientos de ediles en Hego Euskal Herria, habrían concurrido en supuestos para la ilegalización, «hasta el punto de que la acumulación de indicios y pruebas es ya más que evidente». Otras valoraciones del PP, como que los dirigentes de ANV se hayan «pronunciado expresamente en contra de la condena» ante acciones de ETA, junto a que en los municipios gobernados por la formación ekintzale se destinen ayudas a los familiares de los presos vascos, llevan a este partido a sostener «más allá del convencimiento generalizado respecto a la vinculación entre PCTV, ANV y ETA» que son «decenas las pruebas que relacionan a estas formaciones con la estrategia de ETA y Batasuna».