Evo Morales convocó a los prefectos (gobernadores) de las nueve provincias de Bolivia para lograr un pacto nacional que permita superar la confrontación y sacar al país andino de la crisis política derivada del rechazo de cinco gobernantes regionales a la nueva Constitución aprobada en diciembre y que, por primera vez en la historia, reconoce los derechos de los pueblos originarios en un país mayoritariamente indígena.

Tras once horas de debate, que se desarrollaron en un tono más conciliador y favorable al diálogo, ambas partes alcanzaron tres principios de acuerdo, como los ha definido el Gobierno, o bases para el diálogo, en palabras de los opositores. Así, acordaron la revisión de los temas más conflictivos del proyecto de nueva Constitución, avanzar en los procesos autonómicos y crear un fondo económico para compensar a las regiones por un recorte presu- puestario que les aplicará el Ejecutivo para financiar la Renta Dignidad, una pensión vitalicia para los bolivianos mayores de 60 años.

Aún no está claro cómo se llevará a cabo la revisión del texto constitucional, que fue aprobado en Sucre en noviembre, ratificado tres semanas después en Oruro y entregado por la Asamblea Constituyente al Congreso para que sea cometido a referéndum este año.

Constitución «sabia»

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, se limitó ayer a indicar que se «harán consultas» sobre el documento, porque en el mismo se advierten «contradiciones» y lo que se pretende es lograr «una constitución sabia, que abrace a todos». En relación a la Renta Dignidad, el Gobierno mantiene que su pago reducirá la pobreza del 60 al 40% en nueve años.

Respecto al desarrollo autonómico, el portavoz presidencial, Alex Contreras, explicó que se procederá a la «elección inmediata» de los consejeros en los nueve departamentos para que «sean éstos los que legalmente y constitucionalmente redacten los estatutos autonómicos». Los líderes de los ricos departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija presentaron sus estatutos tras la aprobación de la nueva Constitución y pretenden someterlos a consulta este año.

Además de estas tres cuestiones, Evo Morales y los gobernadores dejaron sentado que defenderán la unidad territorial del país y la democracia y coincidieron en que las reformas deben ser aplicadas de forma pacífica, explicaron portavoces del Ejecutivo.