Apesar de que las denuncias de torturas de ciudadanas y ciudadanos vascos se suceden; a pesar de que muchos de esos hechos son recogidos en informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, el Relator Especial de la ONU o Amnistía Internacional; a pesar de que entre buena parte de la ciudadanía española está asumido que contra los independentistas vascos «vale todo»; a pesar de todo, el Estado, a través de los sucesivos gobiernos de PSOE y PP, continúa intentando ocultar que los malos tratos son habituales, incluso aunque así lo vayan constatando los tribunales, de forma puntual y con indultos a posteriori, cuando los torturadores no logran hacer desaparecer a tiempo todas las pruebas, labor tan importante para ellos como la de destruir física y sicológicamente a los detenidos.

Lo excepcional es que, ante una de estas denuncias, un ministro se sienta obligado a comparecer públicamente, como hizo el lunes Alfredo Pérez Rubalcaba. Para encontrar un precedente similar hay que retrotraerse a marzo de 2003, cuando Ángel Acebes organizó una rueda de prensa para confirmar que el Ministerio de Interior se querellaría contra Martxelo Otamendi, Iñaki Uria, Xabier Alegria y Xabier Oleaga por hacer públicos los relatos de torturas a manos de la Guardia Civil, el cuerpo al que Rubalcaba dice creer a pie juntillas cuando justifica las lesiones de Mattin Sarasola e Igor Portu.

En aquella ocasión, el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, acusó a Juan Carlos de Borbón, en su calidad de «jefe de las Fuerzas Armadas», de ser «el jefe de los torturadores» y calificó de patética la actitud de Juan José Ibarretxe por inaugurar en esas fechas un proyecto junto al rey español. Otegi fue condenado por «injurias»; los detenidos de «Egunkaria» están a la espera de juicio; Acebes dijo ayer que espera que «las investigaciones esclarezcan debidamente lo ocurrido»; e Ibarretxe se preparaba para acudir a cenar con el monarca.