En el Consejo de las Mujeres de Bilbao por la Igualdad, nos preocupa mucho cómo se vaya resolviendo el problema de los cuidados y la atención a las personas dependientes. Nos afecta el que esas labores se realicen en unas condiciones de trabajo dignas o no, en primer lugar porque son mujeres la mayoría de las personas trabajadoras del sector. Y, además, como usuarias del servicio, porque las mujeres somos mayoría entre las personas que necesitamos cuidados: es bien sabido que la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres. Si a esto le añadimos la precariedad económica que afecta de manera especial a las mujeres debido a que en muchísimos casos no han disfrutado de contratos laborales a lo largo de su vida (fundamentalmente por haber estado dedicadas a cuidar a los demás de forma gratuita y sin reconocimiento ninguno en el ámbito familiar) resulta que, de no existir un sistema público de calidad, muchas mujeres no podrán «comprar» en el mercado los servicios de atención que necesitan. Hemos reivindicado un sistema público y universal que atienda las necesidades existentes, las cuales deben ser correctamente cuantificadas.

Las organizaciones de mujeres y el movimiento feminista venimos planteando desde hace tiempo la necesidad de socializar las tareas del cuidado, de considerar los cuidados no un asunto familiar, sino un problema social que precisa ser abordado colectivamente, y respecto al cual es necesario legislar para garantizar un sistema democrático de atención a la dependencia. Ello además es ineludible en la medida en que las mujeres van teniendo cada vez más proyectos de vida propios y se van incorporando al empleo remunerado y van dejando, por lo tanto, de cumplir obligatoriamente con la función de cuidar a los demás.

Por ello, queriendo recabar el compromiso de las administraciones a favor de una sociedad más equitativa y buscando la defensa de los derechos de las mujeres, desde el Consejo de las Mujeres por la Igualdad de Bilbao no podemos menos que manifestar nuestro apoyo a las trabajadoras de ayuda a domicilio en su lucha por unas condiciones de trabajo dignas. También nos vemos obligadas a denunciar la actitud de las instituciones públicas (Diputación y ayuntamientos) de desentenderse de sus obligaciones subcontratando los servicios sociales sin establecer control alguno sobre las condiciones laborales en que dichos servicios son prestados por las empresas adjudicatarias. Denunciamos, asimismo, que con esta actitud se vacía de contenido la Ley de Dependencia, que debía de servir para garantizar una atención a las personas que lo necesiten. Las instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Bilbo, no están cumpliendo la Ley de Dependencia, ya que no se está garantizando a las personas necesitadas de atención calificadas como grandes dependientes el número de horas que contempla la Ley, entre 70 y 90 horas. Frente a la desvalorización a la que se somete a todas las labores realizadas fundamentalmente por mujeres, queremos recordar el valor y la importancia del servicio prestado por esas trabajadoras en la obtención de calidad de vida y bienestar de las personas que atienden y de su entorno.

Por todo lo anterior, exigimos a las administraciones, y muy en particular al Ayuntamiento de Bilbo, que se impliquen y exijan una mínima solvencia social a las empresas a las que subcontrata un servicio que debería garantizar el bienestar de las personas dependientes, y llamamos a la ciudadanía a secundar y apoyar las movilizaciones que desde el sector se convoquen.