Critican el estado de los centros de acogida de menores de Bizkaia
El comité de trabajadores de la Diputación vizcaina denunció ayer la situación de «hacinamiento» en que viven los 64 menores extranjeros internados en el centro El Vivero, en Artxanda, y los 27 que residen en El Garmo, en Artzentales, ambos dependientes del Departamento de Acción Social pero gestionados por la iniciativa privada. Los sindicatos aseguraron que estos equipamientos no tienen los medios y recursos para atenderles «con unas mínimas garantías».
Agustín GOIKOETXEA |
Los representantes de los trabajadores de la Diputación vizcaina reclamaron ayer una red pública de centros de acogida de menores extranjeros no acompañados «para mejorar las condiciones vitales, educativas e integración de estos chicos». En Bizkaia, a día de ayer, según los sindicatos, había 332 chavales.
«Se acabó el hablar del efecto llamada de jóvenes de fuera del Estado español, en Bizkaia tenemos 332 jóvenes. Le decimos al PNV que van a seguir viniendo y esto no ha hecho más que empezar» argumentaron, antes de apostillar que no querían ser «alarmistas» ante la dimensión del reto al que se enfrenta la Administración en esta materia.
Los educadores sociales abogan por que la institución foral se implique en la apertura de nuevos pisos bajo su gestión directa, obviando la subcontratación. Pusieron como ejemplo los cerca de 60 chicos que conviven en viviendas en Basauri, Barakaldo, Bilbo, Mungia, Portugalete y Santurtzi, que son dirigidos por personal del Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS).
La experiencia en estos centros públicos es valorada por los propios trabajadores como «muy positiva y en poco tiempo se han visto unos resultados de convivencia, tanto interna como externa con vecinos, escuela, actividades,... positiva y de gran riqueza para todos». En estas viviendas, subrayaron, hay un máximo de 12 chavales conviviendo, un número bajo respecto a los equipamientos gestionados por la iniciativa privada, que reciben 120 euros por persona y día de las arcas forales.
El comité incidió en la situación de «hacinamiento» en los centros privados, destacando dos que se abrieron en Artxanda y Artzentales en edificios cedidos por el Departamento de Agricultura. El primero, el del Vivero, es una pequeña casa con unos pabellones anexos destinados inicialmente a labores forestales, que se están reformando, alberga en la actualidad a unos 64 chicos.
El Garmo, en Artzentales, es otra pequeña vivienda unifamiliar, a más de una hora de un núcleo habitado, «sin apenas actividades, ni posibilidades de inserción», donde residen otros 27. Los educadores instaron a la Diputación a que tome medidas urgentes. «Hay alternativas sencillas y viables ya, como podrían ser la creación de un centro de iniciación profesional o integración en alguno de la zona», señalaron como salidas.
Pero las deficiencias no se limitan a estos centros, también al de Zabaloetxe, en Loiu, y Zornotza, donde se atiende a 72-86 y 64 personas respectivamente. La representación sindical afirma que son infraestructuras «inviables», atendiendo a las recomendaciones del Ararteko, normativas de Lakua e infancia, o de los derechos del niño. «Incumplen cada una de las recomendaciones y normativas», puntualizaron.
El comité denunció la privatización de estos servicios asistenciales y el negocio que esto supone para algunas empresas, en detrimento de la calidad. Además, mencionaron las malas condiciones en que los trabajadores de los centros privados desempeñan sus tareas, que dificulta la integración de los menores, en su mayoría magrebíes.
Los sindicatos arroparon también a los nueve educadores del centro de La Muera, en Urduña, que, tras incorporarse en 2001 en su etapa más conflictiva, fueron despedidos por el IFAS, seis años después tras una oposición. El comité defendió la vigencia del contrato de obra que vincula a estos monitores con la Diputación, una vez que sigue habiendo menores extranjeros no acompañados a los que atender desde la Administración.
La representación sindical de los trabajadores de la Diputación vizcaina exigió el cierre de los centros forales del Vivero y Artzentales, y la adecuación de los de Loiu y Zornotza. Todos de gestión privada.
Los educadores y monitores-veladores que trabajan en el centro de menores extranjeros Zabaltzen, ubicado en el edificio de Cruz Roja en Gasteiz, denunciaron ayer las condiciones de esta infraestructura repercuten negativamente en los 27 chavales acogidos.
Zabaltzen se ubicó en junio de 2003, «de manera provisional» en un edificio que, según los trabajadores sociales, no reúne condiciones ni como vivienda. Además, las instalaciones están diseñadas para acoger a doce personas «que duermen en literas en dos locales-habitaciones, guardando sus pertenencias en taquillas, sin ningún otro mobiliario».
Desde marzo de 2007, añaden los monitores, el número de menores acogidos fue aumentando y hasta quince de ellos «han dormido en el suelo». En diciembre de 2007 se habilitó otro local-habitación con seis literas más, que no solucionó los problemas.
Precisaron que resulta «prácticamente imposible» atender las necesidades de protección e intervención educativa. Los educadores afirmaron que esta situación ya la conocen el Instituto Foral de Bienestar Social, los grupos de Juntas Generales y el Ararteko, cuyas recomendaciones «no se han puesto en marcha».
De hecho, este tema fue abordado por las Juntas Generales, donde los grupos, a excepción del PP, decidieron retomar un acuerdo anterior para construir un centro de acogida en Gasteiz, además de habilitar más pisos «de emancipación». La precaria situación descrita por los trabajadores añade urgencia a la necesidad de dar solución definitiva a la estancia en Gasteiz de los jóvenes inmmigrantes no acompañados.
