La tortura en el Estado español es una práctica generalizada en todos los cuerpos policiales, y los datos de los cinco últimos años muestran que han aumentado las denuncias mientras que los torturadores gozan de impunidad. Este empeoramiento de la situación se produce gracias a un marco jurídico con zonas oscuras que amparan estas prácticas. Así de contundentes son las conclusiones del informe «Privación de libertad y derechos humanos», que ayer presentó en Barcelona un equipo de investigadores compuesto por colegios de abogados, centros universitarios y organizaciones de defensa de los derechos humanos.

El informe se ha presentado en el marco de las jornadas que la Coordinadora estatal para la Prevención de la Tortura organiza en Barcelona estos días. Esta coordinadora agrupa a 40 colectivos de defensa de los derechos humanos del Estado español. Los datos que arroja el informe muestran que de las 610 denuncias en el conjunto del Estado el año 2006 se ha pasado a las 720 de 2007. Euskal Herria se sitúa con 112 denuncias como el segundo territorio donde se han presentado más, detrás de los Països Catalans.

Iñaki García, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona y coordinador del informe, asegura en declaraciones a GARA que la situación es preocupante, más cuando hay una carencia total de voluntad por parte del Gobierno español para implementar los mecanismos de prevención de la tortura recomen- dados por las instituciones internacionales.

Esta actitud gubernamental es la que impide modificar lo que el informe llama «marco jurídico de la tortura», que no es más que el conjunto de leyes que dejan espacios donde los detenidos o encarcelados sufren situaciones de aislamiento que facilitan la práctica de la tortura. Estos espacios son la incomunicación bajo la legislación antiterrorista y los regímenes policiales y penitenciarios de aislamiento, donde la soledad impide que haya testigos en casos de torturas o malos tratos a los detenidos y presos.

Más allá del análisis de la jurisdicción estatal, el informe ha estudiado las denuncias presentadas por torturas entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006, y ha detectado unos colectivos especialmente vulnerables: los menores en centros de internamiento, las personas extranjeras que se encuentran en centros de reclusión, las mujeres encarceladas (que son especialmente víctimas de torturas sexuales), los detenidos bajo la Ley Antiterrorista -tanto los arrestados por el conflicto vasco como los denominados «terroristas islamistas», éstos últimos especialmente débiles por carecer de orga- nizaciones de apoyo- y los arrestados por motivo de disidencia política -incluye independentistas catalanes, okupas y miembros de otros colectivos antisistema, que sufren los malos tratos sobre todo en el momento del arresto-.

Falta de voluntad política

En la mesa de inauguración de las jornadas de Barcelona, que concluyen hoy, los asistentes coincidieron en que la implementación de las medidas recomendadas por los organismos internacionales para poner fin a la tortura depende de la voluntad del Gobierno. Todos lamentaron, a este respecto, que esta voluntad es inexistente en el caso español.

Lluïsa Domingo, presidenta de la comisión de defensa del Col·legi d'Advocats de Barcelona, contó que ha habido reuniones de trabajo entre los ministerios de Justicia, Interior y Relaciones Internacionales con Amnistía Internacional, la CPT y el mundo académico, pero que ninguna ha servido todavía para empezar a poner en marcha los mecanismos que el Gobierno español ratificó en abril de 2006 por recomendación de la Comisión Europea.

En nombre de Amnistía Internacional, el director de la sección española, Esteban Beltran, lamentó que hay una impunidad efectiva en la práctica de la tortura porque existe un problema de origen: no se quiere reconocer que ésta práctica va más allá de unos casos aislados, y como consecuencia no se puede resolver el problema estructural de fondo.

La decisión de los gobiernos vasco y catalán de instalar vídeocámaras en las comisarias ha suscitado distintas reacciones entre las organizaciones que participan en las jornadas. Por un lado, el director de Amnistía Internacional considera que son una buena herramienta para combatir la tortura si se implementan según las recomendaciones internacionales, aunque reconoce que no terminan con la problemática.

Por otro lado, Jorge del Cura, en nombre de la CPT, se muestra mucho más escéptico con el uso de cámaras en las comisarias. Considera que lo único que consiguen es cambiar el lugar donde se producen las agresiones, y alerta de que el objetivo de su instalación es hacer creer a la población que el gobierno quiere terminar con la tortura.

El discurso mediático

El informe hace hincapié en el trato que dispensan los medios a las noticias sobre malos tratos frente a las informaciones sobre comisión de delitos, pues considera que el enfoque aumenta la sensación de alarma social y la población pide más mano dura contra los detenidos.

Pero hay una excepción, recoge el informe: el periódico GARA se diferencia del resto de medios porque, según apunta Iñaki García, «siempre ha prestado especial atención a las denuncias de torturas».

Un trato adecuado por parte de los medios de comunicación a las noticias sobre torturas y malos tratos, junto a una legislación que la combata, una sociedad civil organizada y investigaciones independientes y inmediatas de las denuncias han sido los puntos de encuentro de los participantes en las jornadas para combatir una práctica que los informes muestran que aumenta.

En las jornadas ha participado también Theo Van Boven, ex relator de la ONU para las torturas, que resumió la situación apuntando que «las recomendaciones de la ONU al Estado español contra la tortura no se han implementado».