Baltasar Garzón tiene todo preparado para dar la puntilla legal a ANV y EHAK. La audiencia celebrada ayer contra el partido ekintzale deparó un dato nuevo: la imputación penal a tres de sus miembros contra los que el juez no tomó medida cautelar alguna ni ordenó el habitual interrogatorio. Se trata, según todos los indicios, de una medida ad hoc para allanar el camino a una suspensión inminente.

Garzón hizo público este salto cualitativo al final de la comparecencia, y curiosamente después de que la defensa de EAE-ANV incidiera en que el procedimiento impide la suspensión de actividades de formaciones si no hay imputaciones personales previas contra personas físicas. El letrado Iñigo Iruin confirmaba a su salida del tribunal que el juez «lo ha subsanado, por decirlo de alguna manera, imputando a tres personas una vez concluido el acto»

Iruin lo resumía así en declaraciones a GARA: «El juez se ha dado cuenta del `descubierto' procesal que tenía y ha hecho el `remedo' después, a posteriori; ha quedado claro que ha sido un parcheo». De hecho, hasta ese momento en la audiencia no se había hablado para nada de imputaciones personales.

En el auto dictado contra el presidente de EAE-ANV, Kepa Bereziartua, contra el ex secretario general Antxon Gómez y contra Alazne Arozena -a quien algunos medios señalaban como «tesorera» del partido-, Garzón anticipa que no serán los únicos. A los tres citados y a «otros que en su momento se concretarán» se les culpa de «haber dispuesto de fondos y cantidades a favor de Batasuna y sus responsables», por lo que el juez establece que han podido cometer un delito de «colaboración con organización terrorista». Una organización cuyo nombre, por otro lado, no deja de crecer: el auto la define ya como «ETA-Batasuna-Ekin-Segi-Gestoras-Askatasuna».

Por cierto, la cantidad supuestamente transferida desde ANV para el pago de actos atribuidos a Batasuna apenas supera los 5.000 euros, según el informe de la propia Fiscalía en su demanda de ilegalización. Se trata de 16 alquileres de locales realizados por personas a quienes se acusa de ser de Batasuna para dar ruedas de prensa o conferencias, en la mayor parte de los casos por cantidades nada significativas (entre 139,1 y 380,5 euros). Sólo sobresalen los 1.852 euros abonados para un acto en un cine.

«Yihadismo» y no-condena

Tras la celebrada el lunes contra EHAK, Garzón abrió a las 10.00 de ayer la audiencia sobre ANV, con presencia de su abogado y sus representantes, y también de la Fiscalía, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el colectivo Dignidad y Justicia.

La Fiscalía, encarnada en este caso por Dolores Delgado, utilizó unos argumentos y un tono elevados. Acudió a jurisprudencia sobre «células yihadistas» y trató de dar a entender que los representantes de ANV deben ser equiparados a miembros de «células» de ETA. Llegó a preguntarse «por qué el terrorismo de ETA va a ser privilegiado frente al terrorismo yihadista». En este punto, Iruin replicó que la Fiscalía pretende el «vaciamiento progresivo del concepto de organización terrorista» y recordó que los únicos nexos que pueden establecerse entre ETA y ANV serían «ideológicos».

La fiscal puso sobre la mesa además la recurrente cuestión de la falta de condena de las acciones de ETA, ante lo que la defensa debió recordar una vez más que los tribunales españoles han decretado que no constituye delito por sí misma.

En enero, no; ahora, sí

Junto a ello, la defensa de la histórica formación abertzale argumentó que el informe que la Unidad Central de Información elaboró el pasado mes de enero establecía que no se había acreditado relación entre ANV y Batasuna. La víspera, en la audiencia sobre EHAK, también se denunció que se usan datos de 2005 no considerados como inculpatorios hasta ahora.

Todo ello lleva a abundar en el debate sobre el momento y los objetivos de esta ofensiva. En ello insistió ayer el Gobierno de Lakua tras su reunión semanal. La portavoz, Miren Azkarate, dijo que estas actuaciones «responen a intereses electorales y partidistas». «No entendemos qué nuevos argumentos hay ahora, nos encontramos ante un gran teatro», expuso Azkarate.

Nafarroa Bai también denunció esta triple imputación. Afirmó en una nota que «en pleno siglo XXI, Europa no puede acoger democracias donde se persiguen las ideas y se ilegalizan formaciones políticas».

La ilegalización, más lenta

La otra vía de actuación contra ANV es la del Tribunal Supremo, que tramita las demandas de ilegalización. Pero esta instancia ha topado con problemas. El sábado se las notificó a Antxon Gómez, ex secretario general, que respondió lógicamente al tribunal que ya no tiene responsabilidad alguna en el partido.

En otra actuación con tintes de excepcionalidad, ayer Bereziartua fue abordado en la Audiencia Nacional por funcionarios del Supremo que le notifi- caron la demanda y le entregaron tres tomos de documentación. Pero la ley establece un plazo mínimo de cinco días para estudiarla, por lo que en teoría la vista del viernes sobre las medidas cautelares previas debería posponerse.