La Justicia española. ¿La Justicia española? Esto del periodismo exige veracidad y verosimilitud, por lo que es difícil hablar de la Justicia española sin provocar un indisimulable sonrojo propio y carcajadas ajenas. Así que empecemos de nuevo:

Los tribunales españoles (esto ya está mejor) y sus superiores siempre han dado muestras de imaginación y creatividad a la hora de buscar fórmulas para poder condenar a los vascos irredentos e incluso a los no irredentos -como el caso de Juan María Atutxa- con los que consideraran tener cuentas pendientes. Se ha hablado bastante en los últimos meses de que los jueces, y los propios medios de comunicación, tratan a los imputados vascos no como sujetos cuyas conductas han de juzgarse, sino como enemigos a los que ajusticiar (tómese lo de ajusticiar de forma más o menos metafórica). Con lo cual, si conviene, se hace papiroflexia con la ley, con su letra y con su espíritu, para dar con el recoveco que permita la condena.

Habiendo sido esto siempre así, hubo un tiempo en el que los jueces y sus superiores guardaban un cierto recato en sus formas. Todo atisbo de pudor desapareció el día (15-6-2005) en el que el ex ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, habló de «la posibilidad de construir nuevas imputaciones» para mantener en la cárcel a un preso que por ley debía ser ya excarcelado. El tiempo demostró que aquello no fue una ocurrencia ni un lapsus, pues meses más tarde (8-2-2006) repitió la misma expresión en referencia a otros presos en igual situación. Puede entenderse, por tanto, que dos sentencias iguales de un ministro de Justicia crean jurisprudencia. Y ayer Baltasar Garzón se agarró a ella. Necesitaba imputaciones y las construyó con rapidez. Ahora sólo falta ver qué inventa para aplicarla con efecto retroactivo. Porque primero fue la intención de suspender ANV y luego la imputación.