LAB denunció que los trabajadores de Serikat han perdido sus empleos a pesar de su experiencia en el servicio que han ofrecido en el Centro de Cálculo en los últimos siete años, como consecuencia de la adjudicación por parte de la Diputación alavesa a otra empresa. El sindicato responsabilizó al Ejecutivo foral de la situación en las empresas subcontratadas ya que «fomenta la privatización pasando el dinero público a manos privadas» y permite que «los derechos de los trabajadores sean pisoteados al no estar aprobada la subrogación».