Ezker Abertzalea considera que las medidas que se están adoptando contra EHAK y el propio grupo parlamentario, así como las que están padeciendo igualmente otros colectivos de la izquierda abertzale, tienen como objetivo final «condicionar el futuro del país para mucho tiempo». Según su análisis, el Estado español «pretende evitar a toda costa que en Euskal Herria haya un cambio político» y para ello golpea y trata de paralizar al sector político que trabaja más activamente para que ese cambio pueda darse.

Por ello, considera también que la respuesta que debe darse a las actuaciones represivas, no debe ir encaminada a mostrar solidaridad con los imputados y los ilegalizados, sino que debe hacerse desde esta doble dimensión de reivindicación de un «cambio de marco para que todas las opciones políticas se puedan defender y llevar a cabo en igualdad de condiciones».

El pasado miércoles el juez Baltasar Garzón dictó un auto en el que, además de imputar los delitos de «colaboración con organización terrorista y asociación ilícita» al presidente y a dos miembros de EHAK, trasladó al fiscal la pregunta sobre la conveniencia de actuar también contra la portavoz de Ezker Abertzalea, Nekane Erauskin, y la parlamentaria Karmele Berasategi.

Ambas comparecieron ayer ante los medios de comunicación acompañadas de los también parlamentarios Itziar Basterrika y Julián Martínez, para afirmar que «nos quieren intimidar para que dejemos a un lado nuestro trabajo diario por la construcción nacional y social de Euskal Herria. Pero saben de sobra que no vamos a movernos ni un milímetro de lo que hemos defendido hasta ahora en este Parlamento. Sobre todo en lo que se refiere a la resolución del conflicto político, porque para eso nos votaron más de 150.000 personas».

Denunciaron que «vivimos en un verdadero estado de excepción en el que hay ciudadanos de primera y de segunda según sea la opción política que defiendan».

En su intervención recogieron la pregunta de «por qué precisamente ahora» se actúa contra EHAK y ANV, respondiendo que «hay algunos que enmarcan esta escalada represiva en la campaña electoral, pero la realidad es que se están tomando decisiones que van mucho más allá del 9 de marzo y que pretenden condicionar el futuro de este país para mucho tiempo».

«Todo vale»

A su entender, desde la ruptura del proceso negociador «están intentando sacar a la izquierda abertzale del mapa político e institucional. Estos nuevos procesos de ilegalización, las detenciones de mahaikides, la sentencia del 18/98, la tortura... todo vale con el fin de que la opción independentista se quede sin referentes políticos».

A su entender, este intento de dejar a la izquierda abertzale sin representación política e institucional obedece a que «el Estado español quiere evitar a toda costa que en Euskal Herria haya un cambio político y por eso golpean a la izquierda abertzale, porque somos los únicos que verdaderamente apostamos por un cambio real, porque somos la única opción que defiende un nuevo marco jurídico-político que reconozca la existencia de Euskal Herria, un marco en el que la gente pueda elegir democráticamente su futuro, incluso la formación de un Estado vasco independiente».

Volviendo a relacionar la situación actual con el final del proceso negociador, los parlamentarios de Ezker Abertzalea recordaron que «a día de hoy, sabemos que el PSOE y el PNV dijeron no a una propuesta de marco democrático porque no querían incluir la independencia entre las opciones políticas elegibles por la ciudadanía vasca». A lo que añadieron que «es extremadamente grave que tras el fracaso del proceso el Estado español haya elegido la vía represiva en vez de la vía democrática para afrontar el conflicto político que padecemos».

«No pedimos solidaridad»

Tras haber contextualizado el marco en el que se están produciendo las actuaciones de los tribunales de los últimos días, el grupo independentista hizo «un llamamiento a los abertzales, progresistas y demócratas de este país a que salgan a la calle a mostrar su rechazo ante tanta imposición antidemocrática del Estado español»

Fueron contundentes al afirmar que «no estamos pidiendo solidaridad para nuestro grupo ni con EHAK, no estamos pidiendo a nadie que asuma nuestros postulados políticos independentistas, lo que estamos reivindicando es que se pare la represión y que se realice un cambio de marco para que todas las opciones políticas se puedan defender y llevar a cabo en igualdad de condiciones».

Y también hicieron otro llamamiento «a los que dicen con la boca pequeña estar en contra de la Ley de partidos para que sean consecuentes y que hagan algo real para hacer frente a la política represiva del PSOE». A su entender, «lo que no pueden hacer PNV, EA, EB y Nafarroa Bai es decir que están en contra de la ley de partidos mientras redoblan su ofensiva para deslegitimar social y políticamente a la izquierda abertzale, cuándo y ahora, que es cuándo más le beneficia al Estado español criminalizar y deslegitimar a la izquierda abertzale».

LAB: «Plante democrático»

El secretario general de LAB que se encontraba ayer en Gasteiz participando en un acto de su sindicato contra el TAV, fue requerido por los medios de comunicación para opinar sobre las ilegalizaciones y sobre la actitud del Gobierno de Lakua. Rafa Díez denunció las actuaciones represivas. Mostró la nece- sidad de decir «basta ya a tanta injerencia» y la conveniencia de que, mirando más allá, la sociedad vasca busque «articular en términos políticos lo que necesita este país para alcanzar un escenario definitivo de soluciones políticas y de paz».

En cuanto a la actuación de Lakua, Díez apuntó que hace poco el Gobierno se manifestó por el caso Atutxa y añadió que «ahora tiene la oportunidad no sólo de mostrar su opinión sino de llamar a la sociedad a responder». E invitó al lehendakari, Juan José Ibarretxe, y a los partidos que sustentan su gobierno, pero también al conjunto de fuerzas políticas y sindicales vascas, a reflexionar sobre la necesidad de dar una respuesta a esta situación, afirmando que «sería necesario un plante democrático para decir basta ya a tanta injerencia en la política vasca de la Justicia española».

Rafa Díez destacó que Euskal Herria «vive una situación de tránsito entre un ciclo político agotado y otro que no acaba de abrirse» y «lo que está en juego es el contenido y las características de ese cambio político».