Recientemente en Colombia se ha vivido un clima político enturbiado por la hábil manipulación de los medios de comunicación y el manejo mediático del Gobierno Uribe. Hemos asistido a la liberación de personas retenidas por las FARC, llevada a cabo fundamentalmente por la labor de intermediación desarrollada por Hugo Chávez.

La lucha política y armada en Colombia, tal como la conocemos, tiene su origen en los años 60, cuando se crearon las guerrillas más importantes del país: las FARC-EP y el ELN. Las injusticias sociales, la indigna actitud oligárquica frente a los mandamases extranjeros, la intolerancia del régimen y la violencia del estado contra el pueblo, determinaron el surgimiento de esos grupos insurgentes. Y porque esas injusticias, esa intolerancia y esa violencia de la clase en el poder se mantienen después de 40 años, es por lo que la rebeldía popular se ha desarrollado, acercando los momentos de definición para el cambio estructural de la sociedad colombiana.

Cuando el Gobierno colombiano trata de justificar el estatus de terrorista de las FARC-EP termina patéticamente describiéndose a sí mismo, utilizando la lapidaria manifestación del «demócrata entre los demócratas», Fernando Savater: «Todo aquel que utilice la violencia en contra de una democracia es un terrorista». Lo que olvida el Gobierno de Uribe es que ha sido partícipe de la más brutal consolidación de terror que jamás haya tenido nación latinoamericana en toda su historia. Un gobierno imbuido por el paramilitarismo como arma contrasocial del terrorismo de estado no es democrático. En Colombia, la pena de muerte está abolida. Pero el Estado, con sus oscuras fuerzas, ejerce la pena capital contra los opositores políticos hasta el punto de acumular mil ejecuciones extrajudiciales desde 2002 y al menos veinte mil desaparecidos imputables a los paramilitares bajo el mando genocida del estado. A día de hoy sindicalistas, profesores, abogados, personas vinculadas a movimientos sociales, familiares de desaparecidos, indígenas, estudiantes... son víctimas de un terrorismo de estado sin parangón en el continente americano.

Es por ello que la iniciativa emprendida por las FARC para el acuerdo humanitario adquiere gran valor en la línea de comenzar a sentar bases sólidas para un proceso de paz y reconciliación nacional. Un acuerdo humanitario global que incluya el intercambio de guerrilleros presos y retenidos por la insurgencia, así como la desmilitarización de Pradera y Florida, son pasos imprescindibles para avanzar en la buena dirección. Simplificando mucho y salvando las distancias, sería algo así como lo que en Euskal Herria denominamos la creación de un solar democrático para la resolución del conflicto. Pero en ambos casos nos topamos con estados que niegan el carácter político de los conflictos. Esto, unido al no reconocimiento de la contraparte como interlocución válida, no hace sino alargar el sufrimiento que vienen padeciendo ambos pueblos.

El reconocimiento de las FARC-EP como una fuerza beligerante sugerido por el Gobierno bolivariano de Venezuela obedece a un análisis profundo de las causas de ese conflicto social, político y armado. La buena voluntad de las FARC y su acierto estratégico se topan una vez más con la razón de un Estado opresor que sólo entiende de la fuerza de sus militares y paramilitares y que no tiene ninguna voluntad de profundizar en la democratización de Colombia.

La implicación de gobiernos extranjeros ha sido un acierto de las FARC para obtener un reconocimiento de parte beligerante que haga salir de una vez al conflicto colombiano del maniqueo discurso de la lucha antiterrorista. En Colombia, como en Euskal Herria, no hay un problema de terrorismo, sino un problema político fundamentado en la absoluta falta de democracia con distintas expresiones de violencia derivadas de la misma. Los medios de comunicación y el Gobierno están desviando la atención del mundo entero con guiones al estilo telenovelesco que tienen como protagonista a Enmanuel, hijo de la recién liberada Clara Rojas. En ese contexto se exige únicamente la inmediata y unilateral puesta en libertad de los y las retenidas por las FARC-EP, mostrando a la insurgencia colombiana como el problema en sí y no como la consecuencia del mismo. Pretenden desvirtuar la lucha popular con lecturas simplistas y falsas del conflicto.

A pesar de ello, las FARC-EP no han dejado de levantar la bandera de la salida política. Porque la verdadera paz, la que nace de convivir en tolerancia, con seguridad en los ámbitos del empleo, de la vivienda, de la atención médica, del goce de buenos servicios públicos, de la educación, del respeto hacia el prójimo y de una actitud digna frente al imperio es, ante todo, un anhelo popular.

Es por ello que, por encima de la alegría que puede suponer la puesta en libertad de dos personas retenidas contra su voluntad, hemos de analizar el trasfondo del conflicto que vive Colombia. Desde la izquierda abertzale queremos hacer esta reflexión con el fin de ver un poco más allá de lo que la mayoría de los medios de comunicación han reflejado. También para posicionarnos a favor de un proceso global que comience a afrontar los serios problemas que tiene Colombia, a favor del acuerdo humanitario y del reconocimiento de las FARC-EP y del ELN como fuerzas beligerantes. Ya que ése y no otro será el camino a recorrer en la lucha por alcanzar una verdadera democracia en Colombia.