Desde que se aprobó la despenalización parcial del aborto, hace más de 22 años, se puede decir que este reducido derecho se ha ido mermando en su realidad y negando en su aplicación. Podemos ver cómo las personas que tratan de ejercerlo son cada vez más criminalizadas y culpabilizadas por un poder judicial y policial que mira con sospecha creciente a quien ejerce este derecho o posibilita su ejercicio.

Si, además, estamos hablando de Nafarroa, vemos que de forma pertinaz y contumaz el Gobierno de UPN impide la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en los centros sanitarios públicos. Aún más, conseguir la información necesaria y los certificados acreditativos para la intervención en otras comunidades es un tortuoso camino que, ante su dificultad, se evita, acudiendo al más cómodo (y caro) atajo de ir directamente a las clínicas privadas.

Después de haber ejercido tu derecho, normalmente en una clínica privada, (sólo el 2,97% de las IVE se realizan en centros públicos en todo el Estado) te puede ir a buscar la Guardia Civil a tu casa para citarte a declarar (hay más de 2.000 citaciones en Madrid), pueden requisar tu historial médico privado e investigar en él, te pueden imputar por sospecha de no haber cumplido con la legalidad y pueden procesar al personal sanitario que lo ha practicado.

¿Qué es lo que hace que este derecho, parcialmente reconocido, no se aplique, o se aplique mal, o incluso se convierta en un elemento de criminalización?

En primer lugar, la propia ley que aprobó el PSOE partió de una premisa inaceptable para su eficaz reconocimiento, pues pone en el universo delictual la práctica de la IVE. Esto es, determinar que el aborto es un delito, y no un derecho -salvo en los tres supuestos específicos- es funcionar con un imaginario equivocado, que culpabiliza a las mujeres. Además, las pone en el punto de mira de la policía, los jueces y los grupos de la ultraderecha que no nos dejan decidir.

En segundo lugar, el camino para su aplicación es lento, inseguro e ineficaz. Hay que tener en cuenta que la intervención tiene que realizarse en unos plazos muy medidos, que no pueden atenerse a las lentas burocracias de algunos centros públicos ni mucho menos a algunas prácticas francamente obstruccionistas.

En tercer lugar, en la legislación no existe regulación suficiente que garantice de forma eficaz la realización de las IVE en los centros públicos sanitarios, como se ha señalado. Ante esta falta de atención por parte de la sanidad pública no existen procedimientos de apercibimiento, ni sanciones, ni requerimientos, ni forma alguna para que efectivamente se cumpla lo legislado.

En cuarto lugar, y partiendo de la base de que un embarazo no deseado es un fracaso de plano de una buena práctica de anticoncepción, vemos con incredulidad cómo las políticas de educación sexual cada vez son más reducidas; los currículos en la enseñanza no recogen para nada ningún aspecto en este sentido; los centros de atención a jóvenes y mujeres se medicalizan de forma exagerada y hacen desaparecer sus programas formativos y de prevención.

En quinto lugar, los recursos de tipo educativo y sanitario están muy alejados de los sectores más sensibles a la precariedad. Las últimas encuestas muestran el creciente número de abortos en las mujeres jóvenes e inmigrantes. Son las que más difícil acceso tienen a los medios de anticoncepción, de la píldora del día de después o de emergencia y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Estas razones señaladas, más la situación política que estamos viviendo de ofensiva ideológica de la derecha y la Iglesia y la connivencia del PSOE posibilitan la situación actual.

Frente a ella, el movimiento feminista organizado ha decidido salir a la calle a reclamar nuestros derechos. Exigimos la despenalización total del aborto y la posibilidad real de su realización dentro de la sanidad pública. Retomando nuestras reivindicaciones, seguimos diciendo «nosotras parimos, nosotras decidimos», «el aborto es un derecho, no un delito».