Elorrieta subraya que «manda una élite empresarial»
«El lehendakari Ibarretxe, el presidente Sanz y los tres diputados generales de la CAPV están literalmente secuestrados por grupos de presión económica, pero están a gusto», afirmó ayer el secretario general de ELA, José Elorrieta, durante su intervención en el acto celebrado en la Casilla y que, junto a una manifestación, cerró la campaña de denuncia que ha desarrollado este sindicato sobre el modelo social que se impulsa desde las instituciones.
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«Bajar los impuestos a los amigos», «soberanía fiscal» de la patronal, subvenciones de los presupuestos públicos y superávit en las cuentas públicas revelan la naturaleza de la políticas públicas, modelos que muestran que «patronal y administración son uno», según denunció ayer ELA en los actos finales de la campaña de denuncia de la política social que desarrollan la Administración en Hego Euskal Herria. «ELA no va a dar ninguna cobertura institucional a estos desaguisados sociales», subrayó Adolfo Muñoz, secretario general adjunto de ELA, en el discurso final al término de la manifestación que recorrió el centro de Bilbo y que dio cuerpo a las denuncias expuestas.
«Basta de políticas ultraliberales hechas por políticos ultraliberales para beneficiar al capital y a la patronal; y basta de propaganda política utilizada para anestesiar a la sociedad, para lavarse la cara», protestó.
Sus manifestaciones cerraron el círculo del mensaje lanzado horas antes por el secretario general, José Elorrieta, en el pabellón de la Casilla. Constató que Hego Euskal Herria está a la cola de la Europa de los Quince en Sanidad y Educación e ironizó que «en lugar de política de vivienda, hay una tómbola donde se sortean pisos, en este caso con la pegatina de izquierda».
No dudó al manifestar que «el lehendakari Ibarretxe, el presidente Sanz, los tres diputados generales de la CAPV están seducidos, se puede pensar que hasta abducidos por grupos de presión económica».
Subrayó, así, que «mandan los empresarios, para ser más precisos, una élite empresarial; mandan en la política fiscal, en la política industrial y controlan hasta el más mínimo detalle».
Explicó que «una parte» de los equipos de gobierno «trabaja directamente al servicio de estos grupos de presión económica, vienen de sus entornos y volverán a sus entornos tras su paso por el sector público», antes de apostillar que «destrozan todo lo público que pueden».
Según dijo, hay grupos empresariales en contacto «permanente, intenso y opaco» con el sector público que han conseguido «no pagar impuestos» y que «se privatice de manera progresiva» en su beneficio.
En materia fiscal, indicó que se está produciendo «un saqueo fiscal de las rentas» de los trabajadores, ya que que «sólo éstos pagan impuestos en Euskal Herria». Elorrieta calificó de «muy gordo» que aunque las rentas salariales representen «sólo el 48% del PIB, aporten el 85% de todo el IRPF», mientras que quienes «se apropian del 52% de la renta sólo paguen el 15% del impuesto».
Intereses públicos y privados
Criticó, en este contexto, el «ninguneo» a los trabajadores y a su aportación a la economía. «Ahora resulta -ironizó- que el futuro de un grupo eléctrico es un interés de país. ¡Manda bemoles!», exclamó, en alusión implícita a Iberdrola.
Previamente, Mikel Noval, precisó que en la reunión del Consejo Vasco de Finanzas del pasado miércoles se evidenció que la recaudación real por impuestos en 2007 fue «178 millones de euros superior» a la previsión que hicieron en octubre, en función de la cual se hicieron «los presupuestos de 2008».
Elorrieta consideró que las instituciones no destinan el superávit de sus cuentas a paliar «el déficit de coberturas sociales porque no gastando el proceso de privatización va más rápido». Puso como ejemplo «más claro de cómo se mezclan los intereses públicos y privados» la actuación del consejero de Sanidad de Lakua, Gabriel Inclán, integrante del Ejecutivo al que Ibarretxe no le cesa porque «piensa como él».
El secretario general de ELA, José Elorrieta, denunció que se está realizando «un saqueo fiscal de las rentas» de los trabajadores, los que pagan los impuestos. Denunció que «quienes se apropian del 52% de la renta, sólo pagan el 15% del impuesto».