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el gran problema de la sanidad pública

Listas de espera... y de la desesperación

Más de seis meses de espera para una intervención quirúrgica, otro tanto para una mamografía, cuatro meses para ser atendidos en el ambulatorio, más de ocho meses para hacer una resonancia, entre cuatro y seis meses para una consulta de ginecología... Ésta es la cruda realidad de las listas de espera en la sanidad pública, para desesperación de miles y miles de pacientes. Y es que la palabra «paciente» tiene mucho en común con «paciencia».

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Iñaki VIGOR

Un buen día te notas un bulto en la ingle y acudes al médico. Te dicen que es una hernia y que hay que operar. Tiempo de espera hasta pasar por el quirófano: cuatro meses mínimo. Eso significa cuatro meses de dolores y de baja laboral. Casos similares a éste se repiten a miles, para desesperación de los pacientes que tienen la desgracia de engrosar las interminables listas de espera de la sanidad pública.

El tiempo de espera para realizar diagnósticos y cirugía es, probablemente, el mayor problema que arrastra el sistema sanitario público, sin que todavía ningún gobierno, ni estatal ni autonómico, haya puesto sobre la mesa una solución. Cuando se acercan las elecciones, las consejerías de Salud intentan evadir el problema o incluso airear la reducción de los tiempos de espera como gancho electoral. Mientras tanto, el paciente ve cómo su salud se va deteriorando con la larga espera, e incluso se dan casos de personas que fallecen antes de llegar al cirujano o de someterse a las pruebas requeridas.

Los datos de Nafarroa sirven para hacerse una idea de la envergadura de este problema. A principios del año 2000 estaban en listas de espera unos 31.000 pacientes, y a principios del año 2006 esta cifra casi se había duplicado. En concreto, en esos cinco años de Gobierno de UPN-CDN las listas de espera habían aumentado nada menos que un 93%. A finales de 2006 había 34.700 navarras y navarros esperando para ser recibidos en consulta médica, otros 15.600 para realizarse exploraciones de diverso tipo, 8.200 a la espera de ser llamados para someterse a una operación y varios miles más para otro tipo de atenciones sanitarias. El 31 de enero de 2008 había 67.015 personas en listas de espera para intervenciones quirúrgicas, consultas especializadas y exploraciones o diagnósticos, lo que significa un 125% más que en el año 2000.

A pesar de estas cifras, que varían según si las interpreta el Gobierno o la oposición, en los presupuestos de ese año no se incluyó ni una sola partida para reducir las listas de espera. La «solución» que dio la Consejería de Salud consistió en derivar pacientes a la Clínica Universitaria. En concreto, entre 2003 y 2006 las derivaciones para realizar mamografías, radioterapias y densitometrías óseas aumentaron en torno a un 90%, y las derivaciones para intervenciones quirúrgicas se incrementaron en un 180%. A la vista de estos datos, varios grupos políticos llegaron a acusar a UPN de hacer de las listas de espera un «negocio» para la sanidad privada, y en concreto para el Opus Dei, propietario de la Clínica Universitaria.

Las derivaciones de pacientes de la sanidad pública a la privada es una práctica generalizada en todo el Estado español, pero Nafarroa supera con creces la media. Esto es algo que se produce año tras año, al margen del partido que esté en el poder. Pero desde que María Kutz (UPN) está al frente de la Consejería de Salud, la derivación de pacientes de Osasunbidea a la Clínica Universitaria prácticamente se ha doblado. Pero no es el único caso. De hecho, hace escasos días el colapso registrado en el Hospital de Nafarroa obligó a Osasunbidea a derivar pacientes de geriatría y personal a las clínicas privadas de San Miguel y San Juan de Dios.

«El negocio lo hacen las privadas»

También en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa ha habido acusaciones a los responsables de Osakidetza de derivar pacientes a la sanidad privada. Así, la Asociación para la Salud Pública, Osalde, y la mayoría de los sindicatos denunciaron que en sólo cuatro meses de 2007 fueron derivados a centros hospitalarios privados un total de 15.000 pacientes. La directora general de Osakidetza, Gloria Quesada, respondió que en ese mismo periodo fueron atendidos 1.200.000 casos en la sanidad pública, por lo que esos 15.000 casos suponían sólo un 1%.

Un estudio realizado por la asociación OCU llegó a la conclusión de que el tiempo medio de espera para ser atendido por un especialista en los centros de Osakidetza era de 97 días. Por su parte, Quesada anunció que el tiempo máximo de espera para someterse a operaciones y acudir a consultas externas a partir de 2008 va a ser de 30 días, objetivo que espera conseguir, entre otras medidas, con la apertura de quirófanos por la mañana y por la tarde y con el aumento de los equipos en las intervenciones.

«Nosotros estamos en contra de esta práctica de hacer derivaciones, porque pensamos que el dinero público tiene que revertir en la sanidad pública. El negocio lo hacen las clínicas privadas, que se están engordando con dinero público. Esto no debería estar permitido por el Ministerio de Sanidad», opina la presidenta de la asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores.

Entre otros argumentos para oponerse a esta práctica generalizada apunta que, si hay una negligencia en la derivación de un paciente a la sanidad privada, «eso lo pagamos luego entre todos». «Es decir, ese paciente acaba luego en la sanidad pública, hay que seguir atendiendo esa negligencia con dinero público y, además, si hay una condena la que lo paga es la sanidad pública».

A pesar de las desorbitadas listas de espera, los sucesivos gobiernos navarros siempre han hecho ostentación de que la sanidad de este herrialde es «la mejor» del Estado español. Curiosamente, esta misma ostentación la vienen haciendo también desde Lakua y desde otras comunidades. A este respecto, la presidenta de El Defensor del Paciente asume que Nafarroa «era un referente de la sanidad» en el Estado español, «pero ya no lo es».

«Hay más población y más envejecida»

«La población ha aumentado muchísimo en los últimos años, pero las infraestructuras y los médicos no lo han hecho en la misma proporción. El problema está ahí. Además, tampoco se ha tenido en cuenta el envejecimiento de la población. Nos creemos que tenemos un sistema de salud muy bueno, pero es un sistema -matiza Flores- que se ha abandonado totalmente».

Y pone un ejemplo deportivo: «El mejor jugador del mundo de fútbol, si no entrena y no se mantiene en forma, dejará de ser una figura para convertirse en una figurita. Esto es lo que ha pasado con la sanidad pública. No ha habido previsión, no ha habido el aumento de inversión que tenía que haber habido. Tenemos un índice de camas hospitalarias muy por debajo de la media europea. La OMS dice que tenemos que tener de 8 a 10 camas por cada mil habitantes, pero en Navarra, por ejemplo, está en torno a 4 ó 5 camas por cada mil habitantes. Y esto es una barbaridad. Éste es el problema real que está habiendo en la sanidad pública de este país».

En Nafarroa el problema ha llegado a ser de tal calibre que incluso se habla de «lista de espera de la lista de espera». El responsable del gabinete de estudios del sindicato ELA, Imanol Pascual, afirma con rotundidad que el Servicio Navarro de Salud «está viviendo de los réditos de épocas anteriores», y critica el hecho de que no se haya tenido en cuenta el aumento y envejecimiento de la población. «Los ingresos, las urgencias, las consultas y las actividades quirúrgicas están aumentando de forma constante desde el año 2000, lo que supone un incremento de la carga de trabajo y una saturación del sistema», constata.

Acuerdo en plena campaña electoral

La problemática de las listas de espera acaba de ser abordada en el Parlamento autonómico, que el pasado jueves, en plena campaña electoral, aprobó por unanimidad una proposición de ley del PSN para garantizar a los ciudadanos unos tiempos máximos en las listas de espera de la atención especializada del sistema sanitario.

En concreto, con esta proposición se quiere establecer una espera máxima de 30 días naturales para consultas desde la petición del facultativo, 45 para las pruebas diagnosticadas no urgentes y 120 días para las intervenciones quirúrgicas, o 180 si éstas son menores. Además, los pacientes tendrán derecho a elegir centro público para ser atendidos. Si se prevé que en los plazos citados no va a ser posible, se les informará y «se les podrá ofrecer» una alternativa. Si en estos supuestos se superan finalmente los tiempos, el paciente podrá pedir una atención preferente y prioritaria a la que se deberá dar «respuesta inmediata».

La necesidad de reducir las listas de espera viene siendo expuesta desde hace una década por la asociación El Defensor del Paciente, que cuenta en el Estado español con unos 9.000 socios colaboradores y atiende cada año decenas de miles de casos.

«A la Administración no le interesa la labor que realizamos. Por lo tanto, no nos da ningún tipo de subvención, y con el paso del tiempo dejamos de solicitarla porque, sinceramente, no la queremos, ya que para tramitar o llevar este tipo de casos hay que tener independencia», explica Ramón Prieto en nombre de este colectivo. Las listas de espera, al igual que los colapsos en los servicios de urgencias y la masificación en los hospitales, son un problema generalizado. «La situación es igual en todos los sitios. No hay ni una comunidad que se libre. O se hace algo ya, o el deterioro de la sanidad pública va a ser muy importante», advierte Carmen Flores, presidenta de la asociación que ella misma impulsó en 1997.

Esta situación es la que les ha llevado a interponer una denuncia formal ante la Audiencia Nacional española, ya admitida a trámite, contra el Ministerio de Sanidad. «Nosotros mantenemos que las listas de espera de varios meses suponen un atentado contra la salud y la vida de las personas», sostiene Flores, al tiempo que constata que no se está cumpliendo la Ley de Garantías y la Ley de Derechos del Paciente «en ninguna parte».

«Esto es para volverse locos»

«Estamos viendo que hay listas de espera de personas que padecen cáncer. Esto es para volverse locos. ¿Cómo se puede poner a alguien en lista de espera con un diagnóstico de cáncer? O, por ejemplo, una persona que le ha salido un bulto, ¿cómo puede estar tres o cuatro meses esperando para una prueba, cuando puede tratarse de un cáncer y se puede convertir en una metástasis?», se pregunta la presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente.

En estos casos, la asociación no se limita a hacer una simple denuncia. «Mandar a la persona afectada al abogado es lo más fácil. Pero nosotros queremos prevenir, y por eso hemos interpuesto esta denuncia. Entendemos que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas no están haciendo absolutamente nada por paliar el grave problema de las listas de espera. Todo pasa por destinar más dinero y por invertir en profesionales y en infraestructuras, porque seguimos teniendo las mismas que hace décadas», lamenta.

A lo largo de su larga experiencia ha podido constatar que la mayoría de los pacientes que sufren largas esperas tienen miedo a denunciar, y propugna hacer un esfuerzo para superar este tipo de mentalidad. «Cuando a un paciente le recomendamos que presente una denuncia, lo primero que nos dice es `oiga no, que luego a lo mejor me hacen algo'. Es decir, existe la idea generalizada de que van a sufrir represalias quienes pongan una denuncia por haber sufrido una negligencia o por pasar meses en listas de espera a pesar de padecer graves dolencias. Esa mentalidad es lo que tratamos de quitar, entre otras cosas porque nosotros pensamos que no es cierto que vaya a haber represalias. Es verdad que cuando haces una reclamación luego no te reciben con una sonrisa de oreja a oreja, pero eso no te tiene que importar. A mí me importa la profesionalidad, no que me reciban con una sonrisa», resume de forma gráfica la presidenta de El Defensor del Paciente.

Oficinas de atención al paciente

Desde que la asociación comenzó a elaborar memorias de sus actividades, hace diez años, las quejas más habituales de los pacientes han estado relacionadas con cuestiones de ginecología, obstetricia y traumatología. Un dato novedoso que aporta la memoria correspondiente al último año -2007- es que ha aumentado muchísimo el error de diagnóstico por parte de los profesionales de la medicina, cuestión que se considera de gran importancia.

También se ha recogido un incremento de quejas y denuncias por parte de personas que acuden a urgencias, les envían a casa desde este servicio y al poco tiempo tienen que volver en un estado mucho peor, e incluso ingresar en el hospital, debido al error en el diagnóstico.

Las oficinas de Atención al Paciente que existen en los centros hospitalarios de la sanidad pública también reciben a lo largo del año muchísimas reclamaciones de personas para que les adelanten la fecha de tratamiento o de operación. Pero en la inmensa mayoría de los casos la dirección del hospital correspondiente se limita a responder con una amable carta a la persona que ha hecho la reclamación y a justificar su situación, pero, eso sí, dejando el problema sin solucionar.

Los vascos denunciaron 665 negligencias médicas en 2007

La asociación El Defensor del Paciente recibió en 2007 un total de 12.622 casos de negligencias médicas (218 más que el año anterior) cometidas en el Estado español, de las que 665 procedieron de pacientes de Hego Euskal Herria: 590 de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y 75 de Nafarroa. En este último herrialde, los centros más denunciados fueron, por este orden, la Clínica Universitaria, el Hospital Virgen del Camino y el Hospital de Nafarroa.

«La pérdida de calidad asistencial y las quejas de los ciudadanos están aumentando junto al número de convenios con clínicas privadas, que choca con la infrautilización de servicios sanitarios básicos o con retrasos de nuevos centros. La atención primaria se encuentra en permanente estado de saturación sin la incorporación de nuevas prestaciones y servicios. En los servicios de urgencias de los hospitales de Pamplona se registra una media de 500 pacientes diarios, y se colapsan debido a la carencia de espacio para poder atender a tal número en unas infraestructuras obsoletas e insuficientes», constata Ramón Prieto.

Como caso curioso registrado en Nafarroa, restalta el de una paciente que denunció que el Hospital García Orcoyen se niega a eliminar de su historial un falso VIH positivo. La mujer afectada por el error fue diagnosticada de esta patología hace diez años, viéndose obligada a abortar. A pesar de ello, en mayo del pasado año todavía le seguían atribuyendo una enfermedad que nunca padeció.

La memoria de la asociación recoge que el pasado año hubo 517 casos de personas fallecidas en el Estado español por presuntas negligencias médicas. En estos casos, las denuncias más habituales fueron por mala praxis, como intervenciones mal realizadas o altas precipitadas, pero en la mayoría de ellos el origen fue un error de diagnóstico, sobre todo en los servicios de urgencias.

En ocasiones, familiares de los fallecidos han presentado demandas judiciales y han conseguido que los jueces condenen a los médicos responsables de esas negligencias mortales por lo que se denomina «la pérdida de la oportunidad», lo que significa que el sistema público de salud no ha cumplido su compromiso para sanar a las personas que habían recabado sus servicios. Pero a pesar del elevado número de fallecidos por negligencias, las sentencias que acaban dando la razón al paciente son muy escasas. I.V.

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se encontraban en listas de espera en Nafarroa el pasado 31 de enero, tanto para intervenciones quirúrgicas como consultas especializadas y exploraciones o diagnósticos, lo que significa un 125% más que en 2000.

Las precarias condiciones laborales también influyen en el deterioro

Uno de los factores que influyen en el deterioro de la sanidad pública, a juicio de Ramón Prieto, son las precarias condiciones laborales de los profesionales que trabajan en este ámbito. Y pone el ejemplo de Nafarroa: «En especial los médicos de atención continuada en las zonas rurales, que entre guardias y consultas trabajan unas 400 horas al mes. Por ello -puntualiza- se están marchando a otras comunidades».

Las huelgas del colectivo MIR (Médicos Internos Residentes), que reivindica un mínimo de diez minutos de atención al paciente en sus consultas, es otra muestra más de esta situación. Lo mismo ocurre con el colectivo de enfermeras, que desde 1994 viene exigiendo al Gobierno de Nafarroa la carrera profesional, siendo en la actualidad la única comunidad autonómica donde no se ha conseguido.

La sanidad pública navarra «está enferma», afirma el sindicato ELA como conclusión de un estudio que ha realizado sobre el periodo 2000-2006. Uno de los datos más llamativos que aporta es que en Nafarroa el gasto medio por habitante en la sanidad pública es 364 euros menos que la media europea, y advierte de que sería necesario invertir 213 millones de euros para igualar la cifra que alcanza el conjunto de los estados de la UE.

Otro dato destacado es que el gasto que el Gobierno de Nafarroa destina a la sanidad pública está «prácticamente estancado» desde hace diez años. «La sanidad es cada vez menos pública y de menor calidad», opina el coordinador de ELA en Nafarroa, Mitxel Lakuntza. Junto a ello, denuncia los intentos de «desprestigiar la sanidad pública para hacer negocio con ella a base de acuerdos con instituciones privadas», cuestión en la que coincide con diversos grupos políticos y asociaciones de defensa de pacientes. I.V.

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personas fallecidas por supuestas negligencias médicas se registraron el pasado año en el Estado español. En algunos casos, las muertes se produjeron como consecuencia de la larga espera para recibir tratamiento.

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