No hay razón alguna para que el nuevo totalitarismo que padecemos se parezca al antiguo. El Gobierno español reprime por medio de porras y pelotazos, promueve encarcelamientos masivos. Pero al margen de que a demasiada gente estos hechos no les importen en exceso, se ha comprobado a lo largo de los años que esa política no resulta eficaz y, en una época de tecnología avanzada, la ineficacia es un pecado capital. Continúo parafraseando a Huxley, quien ya en 1946 predecía el camino que está eligiendo este modelo de sociedad, una ruta en busca de la utopía totalitaria. Un estado totalitario realmente eficaz es aquel en el que «los jefes políticos todopoderosos y su ejército de colaboradores pudieran gobernar una población de esclavos sobre los cuales no fuese necesario ejercer coerción alguna, por cuanto amarían su servidumbre. Inducirles a amarla es la tarea asignada a los ministerios de propaganda, los directores de los periódicos...» y aquí podríamos añadir a la lista los prebostes de la Iglesia católica. Lejos de informar a los ciudadanos con la mayor objetividad posible los medios de comunicación, propiedad de bancos y multimillonarios, se dedican a proteger los intereses de sus dueños y a darles cobertura «democrática». Ocultan, minimizan sus chanchullos (el 86% de las fortunas españolas elude sus obligaciones fiscales) y obedecen a sus amos. Quienes cuestionan ese estatus se convierten ante la opinión pública en carne de cañón, en terroristas o amigos de los mismos. El objetivo prioritario de todos estos poderes fácticos es que cada cuatro años el pueblo decida y aplauda como propias las indignantes miserias y mentiras de sus gobernantes.

Esta descripción de los hechos puede parecer exageradamente pesimista, pero se intuye una cierta verosimilitud cuando, ante los gravísimos hechos que acontecen en los últimos tiempos, la reacción de gran parte de la sociedad se limita al encogimiento de hombros. Se define como demócrata un estado que reprime manifestaciones, cierra medios de comunicación incómodos, tortura salvajemente, ilegaliza partidos y movimientos sociales con un peso notable en la sociedad y utiliza los estamentos judiciales en función de intereses coyunturales, aprovechando la debilidad de una ciudadanía chantajeada por el consumismo exacerbado y las hipotecas esclavizadoras. Por fuerza mayor, los ciudadanos minimizan sus protestas, relativizan su frágil situación de opresión económica, política y vital y acaban por apoyar la democracia «menos mala».

¿De verdad queremos para nuestros hijas este tipo de democracia? Decía Fassbinder que lo que no somos capaces de cambiar debemos, por lo menos, describirlo. Lo que acontece en Euskal Herria es el supurante resultado del sistema socio-político elegido por ese virus, un pelín más evolucionado, llamado ser humano. En nuestro caso no hemos sabido y/o podido cambiar el estado de las cosas desde la conquista de Nafarroa. A las sucesivas reyertas y guerras le vienen sucediendo periodos tan poco democráticos como el actual. En uno de estos últimos, en 1874, Cánovas respondía a los delegados navarros sobre la reivindicación de sus derechos que «un hecho de fuerza es lo que viene a constituir el derecho, porque cuando la fuerza causa estado, la fuerza es el derecho». La tan alabada Constitución de 1812 describía la nación española como «la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios». En la misma línea, la Constitución de 1978 proclama en su artículo primero que la soberanía recae en el pueblo español y pasa a afirmar que se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, adjudicando a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de garantizar la integridad territorial. Una vez más se pretende salvar a la voluntad popular (en el hipotético caso de que el pueblo soberano decida disolver dicha integridad) de sí misma. En definitiva, se trata de legislaciones garantizadoras de los derechos adquiridos por parte de los vencedores en los diferentes conflictos armados, ya sea Fernando el Católico o Franco, impuestas a sangre y fuego, antes por las huestes del Duque de Alba y más recientemente por las las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Mientras tanto, como planteaba Huxley, parte de la ciudadanía, abducida, quiere creer en sus dirigentes y niega desde la existencia de las torturas hasta la inagotable corrupción, justificando sin límite esta pervertida situación democrática.

Por todo ello, no podemos ni debemos abstraernos de las decisiones que tomen los gobernantes, pues el gesto siguiente será la genuflexión. Y ya nos hemos arrodillado bastante. La lucha por una democracia participativa es un desideratum, una meta hacia la que algunos desean encaminarse mientras otros pretenden haberla alcanzado ya, para no tener que lograrla nunca. Debemos despertar para no dormirnos definitivamente en las telarañas de quienes nos gobiernan y posibilitar un futuro diferente a nuestros descendientes. Una Nafarroa sin violencias, cuyos ciudadanos sean quienes decidan su futuro y donde todos los proyectos políticos se puedan llevar a la práctica en igualdad de condiciones. ¿Es mucho pedir en democracia?