Falange-Frente Español concurre a las elecciones a Cortes porque para las formaciones ultraderechistas la Ley de Partidos no supone obstáculo alguno. Poco importan los vínculos históricos con una dictadura, la exaltación permanente de sus crímenes, o la defensa de ideas destinadas a asentar por la fuerza un modelo de España que para existir precisa de imponerse con violencia. La cuestión es que Frente Español y Falange son partidos legales y como tales puede plantarse en cualquier localidad vasca y exhibir símbolos y cantos que para una mayoría de ciudadanos de este país son sinónimo de opresión.

A la vista de la ceremonia fascista vivida ayer en Donostia cabe preguntarse por los motivos que llevan a la Ertzaintza a amparar el desarrollo de un mitin ultra y a proteger a personas que rezuman odio contra Euskal Herria... Habida cuenta de que las excursiones «ultras» empiezan a convertirse en un hábito que se repite ya con cierta periodicidad, cabría preguntar al Departamento que dirige el consejero Javier Balza sobre cuál es protocolo que sigue ante estas manifestaciones.

La duda es más que razonable, ya que, mientras en unas ocasiones se ha optado por bloquear la presencia de los ultraderechista sin darles la oportunidad de alterar la vida ciudadana -por ejemplo, reteniendo sus autobuses en el extrarradio- en otras se ha permitido que se exhiban en Iruñea, Gernika, Gasteiz o, como ayer, en el centro de Donostia. ¿La coyuntura electoral ha tenido alguna incidencia en la actuación que tuvo ayer la Ertzaintza de amparar el mitin ultraderechista y cargar, lo que ya viene siendo costumbre, contra quienes denunciaban su presencia en una capital vasca?

Es posible que desde el Departamento de Interior se aluda al derecho a la libertad de expresión para justificar que una Policía que pagamos todos se dedique a proteger a ciudadanos llegados desde otras latitudes para proferir amenazas y consignas de violencia contra personas de este país. Es posible que desde el Gobierno que integran PNV, EA y EB se considere como el sumo ejercicio de la democracia esa actitud de amparo a un acto de ultraderecha, al igual que es posible que se considere del todo democrático el que la Policía autonómica se despliegue, como ocurrió días atrás en Lizartza, para ejercer de escolta de quienes colocaban carteles de una formación política que tiene secuestrada la alcaldía local -y, de paso, la voluntad de la mayoría de la ciudadanía de esa pequeña localidad de Tolosaldea-.

A la vista de esas imágenes, y teniendo en cuenta que buena parte de las formaciones políticas del ámbito abertzale solicitan el voto de los vascos y las vascas para defender sus derechos en Madrid, cabe hacerse algunas preguntas. ¿No contrasta ese discurso que se articula sobre la defensa genérica de los derechos de los vascos en Madrid con la contribución efectiva, por activa o por pasiva, de esas mismas formaciones a la vulneración cotidiana de los derechos del sector más activo del independentismo vasco? Es desconcertante que mientras se pide la confianza de la ciudadanía para hacer frente al escenario de negación de derechos que han construido codo con codo el PSOE y el PP, no se encuentre la forma de expresar, desde una posición independentista, civil, de izquierda -por emplear algunos de los términos escuchados unas veces de EA o, ayer mismo, en el acto de Aralar en la misma capital en que daban su mitin los falangistas- la actitud de rechazo que en cualquier persona comprometida con la democracia debería despertar la presencia de la ultraderecha en la campaña vasca.

La realidad y la ensoñación

A mitad de campaña se asienta la percepción de que algunos discursos de petición de voto eluden el contacto con la realidad. La ofensiva total abierta contra el independentismo vasco no hace sino demostrar que el modelo de democracia post franquista ha llevado a conformar un escenario político estéril a efectos de conseguir los objetivos de emancipación nacional y social.

No es posible jugar por más tiempo a la ensoñación, porque salta a la vista que en este estado de cosas -con ilegalizaciones, con torturas, con detenciones de dirigentes políticos...- la presencia en el Congreso y Senado de representantes vascos y vascas no va a servir de por sí para poner coto al «estado de excepción». A lo sumo, a algunos les puede facilitar el llegar a acuerdos de regeneración de un marco político que es inservible para el objetivo de crear una nueva situación en Euskal Herria; situación en la que no se den espacios opacos para la democracia como los derivados de la prohibición de partidos o donde no sea posible una política penitenciaria que se ensaña con las personas, ya se encuentren presas -y en algunos casos gravemente enfermas como el algortarra Anjel Figeroa-, ya sin haber sido condenadas pero soportando igual el castigo de la dispersión. Esa realidad no encuentra acomodo en el discurso oficial de campaña, quizás porque la persistencia de esas y otras violencias es una prueba incómoda de que la presencia en Cortes de unos pocos vascos no cambia demasiado las cosas.