La inmigración fue un tema que estuvo muy presente en la campaña electoral, especialmente de la mano del Partido Popular, que lo abordó desde uno de los peores ángulos posibles, haciéndose portavoz de los miedos y posiciones xenófobas de una parte de la población. Ello ha hecho que muchas personas inmigrantes se hayan sentido aliviadas por la victoria del Partido Socialista, considerando que lo que hay, aunque en muchos aspectos sea francamente malo, es mejor que lo que Rajoy planteaba. Es el alivio del mal menor.

Pero, ¿qué decía y proponía el Partido Socialista para los próximos cuatro años?

El programa electoral de Zapatero y sus diferentes intervenciones nos muestran una línea de fondo fuertemente continuista con respecto a la política practicada en la legislatura anterior. Los cuatro ejes sobre los que se articula su propuesta (canalización de los flujos migratorios, modernización de la Administración, cooperación internacional e integración) no suponen cambios reseñables, de cierta sustancia, con respecto a lo que se venía haciendo. Hay retoques y ajustes, pero considerando que los cimientos y el andamiaje son sólidos y no hay que tocarlos. La audacia reformadora, en la dirección de una mayor igualdad de derechos, es francamente escasa, tanto en el plano social como en el político. En este último terreno, nada se dice de una reivindicación tan emblemática como la del reconocimiento del derecho de voto en las elecciones municipales.

Por tanto, en los próximos cuatro años se seguirá viendo a las personas inmigrantes como seres que se tienen que subordinar a «nuestras» necesidades, a las de «nuestro» mercado de trabajo. Se seguirán menospreciando los efectos generadores de irregularidad que tiene el propio marco normativo, se seguirá reduciendo ese problema a una cuestión de mafias y se seguirán minimizando las cifras y los problemas que la irregularidad administrativa causa a cientos de miles de personas. Seguirán sin importar los problemas que genera la fragilidad socio laboral de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes durante toda la fase de los permisos temporales, su extraordinaria dependencia y su desigualdad y discriminación con respecto a los trabajadores autóctonos. El tema de los menores no acompañados y sus problemas ni se nombran. La política migratoria con relación a Africa seguirá fundamentándose en la exclusión y la represión, es decir, que seguirá habiendo muertos. Y la ampliación de la cooperación con Africa, la apertura de escuelas taller en algunos países y las compensaciones a las universidades africanas por la contratación de mano de obra altamente cualificada de ese continente no son suficientes para compensar los sufrimientos que causa la política de fondo.

El Partido Socialista manifiesta su intención de ampliar las políticas sociales, buscando una mejor cohesión social. Es un tema muy importante, tanto para conseguir una mayor igualdad como para combatir el racismo social. Pero, desgraciadamente, no nos queda más remedio que señalar que las medidas sociales adoptadas por el gobierno de Zapatero en el último tramo de la anterior legislatura, las prestaciones sociales de la Ley sobre violencia de género, el denominado cheque bebé y las ayudas para que las personas jóvenes alquilen viviendas están profundamente lastradas por una concepción de fondo discriminatoria para con las personas inmigrantes. En el primer caso se discrimina a las mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular víctimas de violencia de género; en el segundo se exige que la madre tenga una residencia legal y continuada de más de dos años; y, en el tercero, ser titulares de un permiso de residencia permanente. Por tanto, si en esa ampliación sigue persistiendo la discriminación, los objetivos arriba señalados no se alcanzarán.

Se proponen pequeños avances en el tema de las reagrupaciones familiares, tema muy importante, en el que la política practicada hasta ahora ha sido, en muchos casos, extremadamente cruel. Se quiere reducir el tiempo de la resolución inicial a dos meses, y se propone reconocer automáticamente la autorización para trabajar al familiar reagrupado en edad laboral. Pero aunque eso sería un avance, se siguen dejando demasiadas cosas en el tintero. Uno, porque nada se dice de la segunda fase del trámite, la que se hace ante los consulados de España en los países de origen. Dos, porque muchas de las dificultades de las reagrupaciones se dan en esa segunda fase, especialmente en Africa y, de forma generalizada, en todas partes, en la reagrupación de ascendientes. Tres, porque nada se dice de la mayor dificultad, la de cuadrar las cuentas entre los medios de vida suficientes y la vivienda suficiente. Cuatro, porque no se toma en consideración el tiempo real, más allá de lo que dice la ley, en el que la inmensa mayoría de la gente puede abordar la reagrupación familiar, origen de muchos de los sufrimientos.

En cuanto a la modernización de la Administración, lo más novedoso se refiere a la transferencia de la competencia para conceder las autorizaciones iniciales de trabajo a las comunidades autónomas, cuyo modelo es el Estatut de Catalunya, y la creación de una agencia estatal de migraciones. La transferencia de la competencia antes señalada es algo necesario en el rediseño de los estatutos de autonomía. En cuanto a la agencia, lo que dice el programa es demasiado vago y general.

Hay, a mi juicio, demasiada continuidad, y poca audacia para avanzar por la vía de una mayor igualdad de derechos.