La mayoría de la población civil de todo el mundo comparte un sentimiento de rechazo -o cuando menos de desafecto- hacia la Policía en general y hacia sus miembros en particular. Nuestro pueblo es un buen ejemplo de ello. Esa falta de afecto no responde exclusivamente a razones políticas profundas y tiene que ver con la función social que la Policía como institución tiene en nuestras sociedades. Una función que dista mucho de ser un servicio ciudadano y de la que destaca su faceta puramente punitiva, es decir, de castigo.

Históricamente las policías locales han sido la excepción a esa regla. Más cercanas a la ciudadanía, más accesibles, menos autoritarias y más dialogantes, han sido ante todo un servicio municipal más. Por lo menos en ciertos pueblos.

La denuncia de un joven del barrio iruindarra de la Txantrea, cuyas fotografías ilustran la brutalidad y el ensañamiento policial, demuestra que esa función de las policías locales está siendo alterada. Su condición de servicio social está siendo usurpada por gobiernos municipales autoritarios que forman cuerpos policiales a su servicio, cada vez más militarizados y más politizados. Justo lo contrario a su función real.