En este país son poco menos que habituales los relatos de malos tratos, como el de los cinco jóvenes de Oarsoaldea detenidos la semana pasada y puestos en libertad el pasado miércoles. O como el de Aitor Alberdi, detenido en la misma operación y actualmente encarcelado, quien, según ha podido saber GARA, se autolesionó mordiéndose las venas de las muñecas en un momento en que las circunstancias le superaron. Esas terribles circunstancias fueron el continuo maltrato, la presión psicológica, para la que utilizaron incluso a sus seres queridos, a fin de que confesara en contra de su voluntad. Difícilmente el «trato correcto» dispensado a un detenido puede llevarle a esa situación límite.

La legislación española no sólo permite sino que dispone la incomunicación, procedimiento a partir del cual la tortura tiene cabida y cobertura, especialmente cuando se aplica a quienes previamente han sido señalados por su supuesta tendencia ideológica. Esa criminalización cuenta, además, con una inestimable ayuda mediática. Pero las responsabilidades se reparten a lo largo de toda una cadena en la que ningún eslabón puede fallar. Por eso son posibles los casos de tortura y existe impunidad para quienes la practican, proporcionada precisamente por quienes mayor celo deberían poner en investigar y sancionar esos delitos. En numerosas ocasiones ciudadanos que han pasado por la Audiencia Nacional española se han referido a la indiferencia del juez ante las denuncias de malos tratos; indiferencia extensible a otros estamentos, como recientemente advertía el Relator especial de la ONU sobre los informes de los forenses. Esas actitudes propician que los malos tratos queden impunes y, por tanto, son una forma de alentarlos.

Esa actitud, no obstante, también se puede observar en la justicia ordinaria, a tenor de lo que los cinco jóvenes oreretarras y oiartzuarras, que ayer interpusieron sendas denuncias en el Juzgado número 2 de Donostia, dijeron. La titular de ese juzgado no quiso tomarles declaración -declararon ante una secretaria- ni que un forense los examinase. Es preciso denunciar la práctica de la tortura, pero también a quienes la amparan.