Ofensiva contra la izquierda abertzale
El PNV espera una orden para disolver Ezker Abertzalea
La llamada «doctrina Atutxa» y todos los discursos sobre la defensa del Parlamento ante injerencias externas son ya pasado. Al igual que ocurrió el martes en las Juntas Generales de Araba, el PNV está dispuesto a disolver Ezker Abertzalea si lo pide un tribunal español.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
El martes, a punto de comenzar la Comisión de Urgencia Legislativa que debía tratar la reforma reglamentaria propuesta por el tripartito para «blindar» a la Mesa, el presidente del grupo parlamentario del PNV, José Antonio Rubalkaba, mantuvo una conversación con la portavoz de Ezker Abertzalea, Nekane Erauskin. Rubalkaba le presentó un texto, a modo de enmienda transaccional, que no recogía cuestiones esenciales de la enmienda a la totalidad presentada por el grupo independentista. Erauskin le explicó que no podían aceptarla y el jeltzale le preguntó qué harían en la votación. Cuando le respondió que votarían su enmienda y no apoyarían el texto del tripartito, Rubalkaba le advirtió de que si llegaba una orden de disolución de Ezker Abertzalea «os vais al Grupo Mixto».
Lo que en principio pudo parecer un calentón debido a que el PNV vería rechazada una de sus propuestas, no es tal. Según confirmó ayer GARA en círculos parlamentarios, los jeltzales votarán a favor de la disolución de Ezker Abertzalea y el paso de sus nueve representantes al Grupo Mixto en caso de que llegue una petición en ese sentido desde los tribunales españoles, puesto que de momento no hay ningún requerimiento de ese tipo.
Queda claro de esta forma que la actuación que el martes tuvo la representante del PNV en la Mesa de las Juntas Generales de Araba, María Jesús Agirre, apoyando la disolución del grupo de ANV, no es un comportamiento aislado dentro del entramado institucional jeltzale.
Desde que se conoció la sentencia del Supremo condenando a Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao a una multa e inhabilitación para cargo parlamentario de dos años para el ex presidente de la Cámara y uno para los demás, desde el PNV se han enviado mensajes públicos contradictorios sobre cuál sería su actuación en caso de que algún tribunal o juez demandara la disolución del grupo Ezker Abertzalea, en el marco del auto de suspensión de actividades de EHAK dictado por la Audiencia Nacional o en el proceso de ilegalización del mismo partido que se sigue en el Tribunal Supremo.
El 23 de enero, en declaraciones a Euskadi Irratia, el presidente del EBB, Iñigo Urkullu, era preguntado por la posición de su partido ante una orden de disolución de Ezker Abertzalea o ANV en el Parlamento o en Juntas Generales. Urkullu respondió preguntado a su vez «por qué va a ser la responsabilidad» de su partido «y no de la izquierda abertzale radical». «Niego que sea responsabilidad nuestra. La mayor responsabilidad la tiene la izquierda abertzale radical y tiene sus resquicios para tomar parte en las instituciones dentro de la ley. Y ahí están los grupos mixtos».
Después, el 2 de febrero, el mismo Iñigo Urkullu manifestaba que «el Parlamento Vasco debe actuar como lo hizo en 2003 el ex presidente de la Cámara, Juan María Atutxa, si se le ordena disolver Ezker Abertzalea». Y así aparece todavía recogido en la página web del partido. El presidente del EBB asumía incluso que más de la mitad de los parlamentarios podrían ser condenados por desobediencia si la decisión se adoptaba en un pleno, tal y como contempla la reforma reglamentaria planteada por el tripartito y Aralar.
La presidenta del Parlamento, Izaskun Bilbao, por su parte, nunca se ha pronunciado claramente sobre cuál sería su actitud de verse en la disyuntiva de tener que disolver el grupo Ezker Abertzalea. De hecho, todavía no ha habido un pronunciamiento oficial del Parlamento de Gasteiz ante la condena del Tribunal Supremo a los miembros de la Mesa de la pasada legislatura.
La votación no evita sanción
La decisión del PNV de apoyar la disolución de los grupos parlamentarios podría venir de la lectura de la sentencia que condena a Atutxa, Knörr y Bilbao, en la que se fija claramente la responsabilidad de los órganos de gobierno requeridos en cada institución para cumplir las órdenes judiciales.
Desde este punto de vista, incluso la propuesta de reforma del reglamento -realizada al conocerse el fallo del «caso Atutxa» pero cuando todavía no se sabían sus «razonamientos jurídicos»- resulta inútil para evitar el procesamiento de los miembros de la Mesa que se nieguen a cumplir los mandatos judiciales. En la sentencia se expresa claramente que cuando en lugar de limitarse a ejecutar los dictados de los tribunales «se opta por un procedimiento que, además de innecesario, exige como presupuesto someter a votación el cumplimiento de la decisión del Tribunal Supremo, se está contribuyendo de forma consciente y calculada a impedir la efectividad de la decisión jurisdiccional. Y eso es precisamente lo que hicieron los tres imputados».
Por lo tanto, cabe deducir que el PNV ha decidido anteponer la seguridad jurídica de la presidenta de la Cámara, a los discursos sobre la defensa de la dignidad y autonomía parlamentaria que han podido escucharse desde que comenzó el proceso contra Atutxa, Knörr y Bilbao.
Es preciso señalar que en la actualidad ni el juez Garzón ni el Tribunal Supremo se han dirigido al Parlamento de Gasteiz solicitando la disolución de ningún grupo parlamentario. El caso que afectó a los miembros de la Mesa de la pasada legislatura se produjo a raíz de la sentencia de ilegalización de Batasuna. En estos momentos, ni siquiera se sabe cuándo se producirá el juicio para la ilegalización de EHAK, que sería el que podría afectar a Ezker Abertzalea.
Explicaciones en Araba
Después de que el martes apoyaran la disolución del grupo de ANV en las Juntas Generales de Araba, María Jesús Agirre, del PNV, y Nerea Gálvez, de EB, comparecieron ayer ante los medios para explicar que respaldaron el acuerdo por «acatamiento» de la orden judicial, aunque no comparten la decisión «ni en el fondo ni en la forma».
María Jesús Agirre afirmó que las órdenes recibidas del juez Baltasar Garzón habían sido más concretas que lo que en su día fueron las del Tribunal Supremo al Parlamento, por lo que no le había quedado otra opción que apoyar su ejecución. En todo caso, la jeltzale quiso contraatacar afirmando que «me llaman la atención algunos comportamientos de ANV, porque el juez Garzón les llama a la Audiencia Nacional y acuden. Están obedeciendo una indicación de Garzón, independientemente de lo que luego ocurra o no ocurra». Y puso como ejemplo el de la alcaldesa de Arrasate, Ino Galparsoro.
Por su parte, la portavoz de EB, Nerea Gálvez, insistió en que su formación está en contra de la Ley de Partidos. También quiso denunciar lo que calificó de «hipocresía de la justicia», ya que los junteros de ANV seguirán siendo procuradores en el Grupo Mixto. «Por lo tanto el auto es un gesto político, no judicial», concluyó.
El debate sobre la reforma del Reglamento del Parlamento autonómico para «blindar» a la Mesa ante una hipotética petición de disolución de un grupo podría llegar al pleno de la Cámara si se admite la petición del tripartito y Aralar de que se lleve como voto particular. A la vista de este movimiento, también Ezker Abertzalea ha solicitado que se mantenga su enmienda a la totalidad. La propuesta del tripartito para que la disolución de un grupo deba ser aprobada por la mayoría absoluta del pleno no fue aprobada el martes en comisión, como tampoco lo fue la enmienda. Queda por ver si las peticiones de que el tema llegue a pleno son aceptadas por la Mesa de la Comisión y la Presidencia de la Cámara.
Por el momento, ningún juez ni tribunal se ha dirigido al Parlamento de Gasteiz en exigencia de la disolución de Ezker Abertzalea. El caso de Sozialista Abertzaleak se dio tras la ilegalización de Batasuna, un proceso aún incipiente con EHAK.
Desde que se conoció la condena a Atutxa, el PNV ha mantenido un discurso contradictorio. Urkullu dijo el 23 de enero que la responsabilidad no era suya y el 2 de febrero afirmó que habría que actuar como hizo la Mesa en 2003.
La actuación que ha tenido el PNV en las Juntas Generales de Araba, donde han respaldado la disolución del grupo de ANV por «acatamiento» de la orden judicial, se presenta como la línea a seguir por los jeltzales en el futuro.
El conjunto de los procuradores de EAE-ANV que resultaron elegidos en los comicios de mayo de 2007 en Araba compareció ayer públicamente para valorar la decisión de disolver su grupo juntero adoptada el pasado martes por la Mesa de las Juntas de Araba. Una decisión que, en opinión de su portavoz, Aitor Bezares, supone en realidad disolver «la autonomía y la actividad política de las propias Juntas Generales», en las que «mandan el PSOE y el Gobierno español», utilizando para ello a «la Audiencia Nacional como instrumento, con la inestimable colaboración del PNV». Con la medida de suspensión impuesta contra ellos, el grupo ekintzale considera que el PSOE ha devuelto a la Cámara foral alavesa al franquismo, por haber disuelto «hasta su fuero interno» y porque «como con Franco, las Juntas Generales no tienen permiso ni para decidir su propio funcionamiento».
Ante esta decisión unánime de los miembros de la Mesa de Juntas Generales, los procuradores independentistas quisieron transmitir ayer a la sociedad alavesa «que por encima de todos los obstáculos, redoblando esfuerzos, seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora». Un trabajo para el que, además, consideran estar legitimados por los alaveses, con quienes «adquirimos el compromiso de llevar a las Juntas Generales miles y miles de voces, reivindicaciones, inquietudes y una alternativa abertzale y de izquierda». Integrados ya en el grupo mixto, los junteros abertzales responderán «con responsabilidad» a la situación, «para que el cambio político que tanto necesita Euskal Herria llegue de la mano de un marco democrático».
Por el contrario, y recogiendo para ello las palabras que el mismo martes dijo el diputado general de Araba, el jeltzale Xabier Agirre, sobre «las ilegalizaciones de partidos y las disoluciones de grupos», Aitor Bezares aseguró ayer que el PNV había contribuido con su respaldo a la decisión de la Mesa de la Cámara alavesa «a entorpecer la normalización y alejarnos de la paz». Considera el juntero abertzale que es «especialmente grave» que la Mesa acordara la suspensión del grupo juntero EAE-ANV por unanimidad, porque en su opinión «todos los grupos saben que la suspensión y sus consecuencias son injustas». Y denunció que con esta decisión ha vuelto a comprobarse que PSOE y PNV «comparten el objetivo de silenciar la voz de la izquierda abertzale y atacar nuestro trabajo e iniciativa política».
Los cuatro procuradores de ANV trabajan ya en el grupo mixto, donde teóricamente recuperan sus derechos de procuradores, aunque no podrán representar a la formación política a la que pertenecían cuando fueron presentados y elegidos.
