La Asamblea Nacional acogió un debate, calificado a priori de histórico, sobre la futura ordenación legal de las lenguas minorizadas en el Estado francés. El debate, plagado por cierto de loas a la unidad y al patrimonio cultural de Francia, no interesó a la mayoría de los parlamentarios, que no participaron en la sesión, más preocupados quizás en adelantar el puente del 8 de mayo que en impregnarse de diversidad. El Gobierno de Sarkozy anuncia la redacción de una ley sobre las «lenguas regionales», pero como se constató desde la tribuna, las experiencias fallidas del pasado obligan a permanecer vigilantes. Por lo demás, ya en la pasada década se ensayó una puesta en ley de los derechos de los parlantes de lenguas minorizadas, pero el Consejo Constitucional se encargó de cortar las alas a los proponentes. Desde entonces, Francia se ha caracterizado por ser un punto oscuro en la UE, al negarse a firmar la Carta Europea de las Lenguas. ¿La Constitución es el obstáculo o pesa más la falta de voluntad institucional para abrir una nueva etapa basada en el respeto a los corsos, los alsacianos, los vascos, los catalanes, los bretones...? Francia ha retocado hace poco su Carta Magna para asumir el Tratado de Lisboa. Bien estaría que lo hiciera por motivos más cercanos, siempre que ello fuera preludio de un cambio real de actitud política.