La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, trató de impedir con continuas interrupciones a los testigos presentados por la defensa de los 27 procesados, que se escucharan en la Audiencia Nacional los sufrimientos provocados por la represión contra los ciudadanos vascos. Sin embargo, no consiguió ocultar del todo los testimonios, en los que se denunciaron el maltrato policial en comisaría, la guerra sucia y la política penitenciaria.

El principal empeño de Palacios fue impedir a Martxelo Otamendi y Unai Romano que relataran cómo fueron torturados por las fuerzas policiales españolas. Cuando el gasteiztarra le mostró la fotografía en la que se puede ver su cara hinchada y amoratada, le respondió que eso no tenía nada que ver con lo que se estaba juzgando.

La magistrada argumentó que los testigos debían ceñirse a su relación con el movimiento pro-amnistía, y no dejó que se expresaran cuando las denuncias que realizaron responsabilizaban al tribunal especial de permitir que se produzcan este tipo de situaciones.

En concreto, la juez catalogó como «pregunta impertinente» que Ainhoa Baglieto planteara a Otamendi si compartía las denuncias realizadas por el movimiento pro-amnistía sobre la responsabilidad del Estado al aplicar una «legislación antiterrorista» que facilita la tortura.

Al director de «Euskaldunon Egunkaria» también le cortó la alocución cuando comentó que optó por denunciar las torturas padecidas en comisaría porque al ser una persona pública y conocida podía a contribuir a que se formará una «ola» en contra de los malos tratos, en la que también los jueces se deberían haber involucrado para garantizar que no se produzcan.

A Edurne Brouard también le impidió que explicara quién era su padre, Santi Brouard, y la labor que desempeñaba como dirigente de la izquierda abertzale hasta que resultó muerto en un atentado del GAL en su consulta de Bilbo. Palacios dijo, al igual que a la hermana de Joxean Lasa, que ya conocían su caso. Brouard declaró a la conclusión que la actitud del tribunal es la habitual por parte de la judicatura española, porque «no quieren oír la violencia que en realidad padece una gran parte de la sociedad vasca».

A pesar de ello, aseguró que participaron como testigos de la defensa en el juicio para denunciar que en Euskal Herria «se producen vulneraciones de derechos de forma sistemática» y que para hacerle frente «existe todo un movimiento de solidaridad que lo denuncia y que respalda a los que han sufrido la violencia de cerca».

Asimismo, Brouard señaló que al igual que el Gobierno español no piensa en detener su estrategia represiva, que alcanza a cada vez sectores más amplios, sus testimonios pretenden demostrar que tampoco se va a ceder a la hora de denunciar y solidarizarse con los que padecen la violencia del Estado.

No recibían órdenes de ETA

Los siete testigos que acudieron a declarar resaltaron el «apoyo», «respaldo» y «ayuda» ofrecidos por los representantes del movimiento pro-amnistía tras padecer un hecho represivo en sus propias carnes. Todos señalaron que optaron por decisión propia por denunciar lo que les había sucedido a ellos o a sus familiares, y apuntaron que no recibían órdenes de ETA para actuar de esa manera.

En este sentido, Goreti Ormazabal, hermana de Juan Mari Ormazabal, Tturko, muerto en un tiroteo de la Ertzaintza en Bilbo, en 1991, explicó que cuando se enteraron a través de la radio que había habido un tiroteo en el Parque Etxebarria, desde el movimiento pro-amnistía les ayudaron a dar los primeros pasos ante el «desamparo, confusión e impotencia», y que gracias a su trabajo confirmaron que fue disparado en la cabeza cuando ya se encontraba herido en el suelo.