Trabajadores subcontratados del sector provincial de Intervención Social en Infancia, Juventud y Familia denunciaron ayer en una concentración ante la Diputación alavesa sus condiciones de trabajo y exigieron tanto al Ejecutivo foral como a la Diputación y al Gobierno de Lakua que se impliquen para establecer unas condiciones laborales razonables y homogéneas para todo el colectivo. .

Estos trabajadores pertenecen a empresas y asociaciones que gestionan servicios de asistencia a infancia, juventud y familia, a través de convenios o contratos con Ayuntamiento, Diputación y Gobierno.

Con el apoyo de ESK, ELA, CCOO, UGT y LAB, recordaron que el primer convenio del sector, que se firmó el año pasado, fue «muy básico e incompleto», pero resultó interesante tanto para las plantillas como para las empresas y la Administración, al iniciar la regulación del sector. Recordaron que se comprometieron a completarlo, lo que no ha sido posible.

Trato homogéneo

Reclaman un trato homogéneo para todos los trabajadores del colectivo, independientemente de la empresa o asociación de que se trate. Con ello, quieren que se complementen los salarios en situación de baja hasta el 100%, retribuir de forma diferenciada festivos y noches, reconocer la antigüedad, establecer una tabla salarial para todo el colectivo y facilitar el aprendizaje del euskara. Los trabajadores denunciaron que las administraciones no han respondido aún a sus demandas.

Por otro lado, ELA anunció que llevará a cabo movilizaciones si la Diputación de Bizkaia cumple su amenaza de aprobar un decreto que regule las condiciones laborales, tras levantarse de la mesa negociadora el pasado lunes. ELA calificó la postura del Ejecutivo foral como «prepotente y antidemocrática», y estimó que se suma al desprecio a la representación legal de los trabajadores que ha mostrado el Gobierno de Lakua este año utilizando un decreto «donde se ve la incapacidad de los negociadores de la Administración».

En el caso de la Diputación vizcaina, señalaron que la gravedad es mayor «porque en el fondo de esta amenaza de decretazo está la decisión del ente foral de comenzar a privatizar el Instituto Foral de Acción Social, mediante la subcontratación de algunas categorías.