El Ministerio español de Industria estudia introducir criterios de renta y tener en cuenta a determinados colectivos, como los pensionistas, al fijar la tarifa eléctrica, al objeto de minimizar el impacto de la previsible subida de julio.

Fuentes del Gobierno español señalaron que se están barajando «diferentes opciones para varios colectivos», que tendrán en cuenta el nivel de ingresos, el colectivo al que pertenecen o su consumo, además de la potencia contratada.

El objetivo es hacer la tarifa eléctrica más equitativa. Actualmente, se contemplan diferentes tramos en función de la potencia contratada. Entre ellos, está la denominada tarifa social (1.0), para los usuarios con menos de 0,77 kilovatios (KW) de potencia contratada y a la que están acogidas las familias con menos recursos.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha propuesto a Industria una subida de la luz del 11,3%, actualizando sólo el coste de la producción de energía y manteniendo el resto (transporte, distribución, peajes por uso de redes, entre otros), que sólo se revisan a principios de año. La CNE pidió, además, que la tarifa social se calculara con «parámetros de ingresos».