Con ocasión de la cumbre de jefes de estado de ALC-UE (América latina y Caribe-Unión Europea) que tuvo lugar en Lima desde el 15 al 17 de mayo, tuvo lugar en la misma ciudad un Foro de los Pueblos, organizado por una red de movimientos sociales de esos países, Enlazando Alternativas. El Foro tenía como objetivo aglutinar distintas luchas para poner en evidencia el verdadero objetivo de la Cumbre. Pese a las alabanzas a las empresas transnacionales europeas y a los gobiernos que las representan por parte del anfitrión de la Cumbre Alan García, estas han dejado un rastro de crímenes contra la población y el medio ambiente.

Entre las enjuiciadas, algunas actúan impunemente en Perú como la noruega Camposol (la única que se dignó pese a las denuncias en su contra en mandar un representante al Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Majaz, Bayer, Repsol YPF o las que financian a otras que tienen gran impacto en este país como es el caso del BBVA y BSCH en el megaproyecto petrolero y gasista de Camisea en la Amazonía, o las minas a cielo abierto de Yanacocha y Antamina -ambas contaminantes del agua de sus respectivas zonas- u otras que además de financiar expolian como el caso del HSBC. Uno de los casos que el TPP de Lima encontró paradigmático de las nuevas formas que encuentran las transnacionales para imponer su agenda fue el de Entel en Bolivia con el involucramiento de las instituciones. Entel era una empresa boliviana de telecomunicaciones privatizada en 1995 y vendida a la italiana Stet (ahora Telecom). El gobierno de Morales (2007) anunció su intención de revisar los términos de aquella privatización. Telecom acudió al tribunal privado del Banco Mundial. El gobierno boliviano a su vez se desligó de ese organismo por su labor partidista a favor de las transnacionales pero dos días antes la secretaria general de esta institución, la ex-ministra española Ana Palacio dio inicio al caso.

En su dictamen final, el Tribunal Permanente de los Pueblos resolvió el «sancionar moral y éticamente, y denunciar a nivel mundial las conductas y prácticas políticas, económicas, financieras, productivas y judiciales del modelo neoliberal, implementadas y permitidas por los Estados y las instituciones de la UE, bajo la argucia de promover el crecimiento y desarrollo económico para combatir la pobreza y lograr el desarrollo sostenible».