Dentro de pocos días se cumplirá el décimo aniversario de un acuerdo, Lizarra-Garazi, que sigue marcando y reflejando las claves estructurales de la vida política de Euskal Herria. Tras el trágala constitucional-estatutario planteado a la salida del franquismo, por primera vez fuerzas políticas, sindicales y sociales convergen en principios que apelaban el fin de un modelo de transición agotado y la apertura de un ciclo político desde bases de reconocimiento nacional y respeto a la voluntad de la ciudadanía de todos los territorios de Euskal Herria.

Con independencia de las diferentes opciones que cada cual planteó al inicio de la transición, llegamos a un momento en el que una mayoría política, sindical y social reclama a los estados el cierre de una etapa y el encauzamiento de negociaciones y acuerdos que permitan a este país definir democráticamente, sin hipotecas ni condicionamientos de ningún tipo y naturaleza, su estatus político-institucional interno y externo. Es decir, Lizarra-Garazi es un punto de inflexión para dar por agotado el modelo de asimilación progresiva planteado por los estados a la nación vasca. El no reconocimiento nacional y la vertebración de una descentralización administrativa, disfrazada de autonomías, en el marco de una constitución que determina un sujeto impositivo y único sobre la ciudadanía vasca, habían marcado -en Hegoalde- una fase política que en Lizarra se escenifica agotada.

¡Pero no sólo eso! En ese momento, también por primera vez, se realiza una reflexión de dimensión nacional, siendo embrión de análisis, compromisos y aportaciones que van trabajando una unidad territorial funcional por encima de las diferentes realidades sociopolíticas y administrativas. Este cambio cualitativo en pensamiento y praxis política, cultural y socioeconómica será clave para ensamblar las etapas transitorias que en el futuro tendremos que considerar en torno a la territorialidad nacional vasca.

Desde esta caracterización, y sin entrar en los muchos hechos de este periodo (treguas, rupturas, ilegalizaciones, violencias, cambios de gobierno...), una pregunta obligada: ¿qué está pasando desde aquel histórico momento? Yo lo resumiría en dos grandes referencias. Por un lado, desde el inicio, PP y PSOE respondieron con la articulación de un muro institucional, jurídico y mediático para frenar los contenidos y características del cambio político en lo relativo al modelo institucional de la transición. En toda la etapa Aznar fue palpable esa estrategia «constitucionalista» para neutralizar, como decía Mayor Oreja, la mayor ofensiva nacionalista de la historia. En esa misma línea ha estado y permanece el PSOE. A veces a remolque del PP y, en ocasiones, con iniciativa propia para liderar a los sectores más reaccionarios del neofranquismo instalado en muchos espacios del nacionalismo español.

Así pues, con la llegada de Zapatero ese «muro constitucional», complementado con artificiales exacerbaciones del nacionalismo español, caracteriza su posición de gobierno aunque tenga un celofán exterior adornado de falsos talantes y palabras huecas. Lo hemos visto en estos últimos años: el PSE-EE de Redondo dijo no a Lizarra aliándose con el PP; posteriormente, Zapatero dio portazo al Plan Ibarretxe en 2004, dijo no a Loiola en el marco de una situación de esperanza en la sociedad vasca, rechazó el cambio en Nafarroa convirtiéndose en acompañante de la estrategia de UPN-PP y, ahora, también, dice no al modelo de consulta, mofándose de la decisión del Parlamento de una parte del territorio vasco. E incluso dice no al nuevo estatuto catalán o al modelo de financiación específico para Catalunya, por citar referencias de actualidad.

Es decir, PSOE y PP siguen utilizando un marco constitucional como cárcel de nuestros derechos e hipoteca para el desarrollo democrático de la voluntad de la ciudadanía vasca. ¿Por qué no quieren darle la palabra a la ciudadanía de los cuatro herrialdes? ¿A qué le tienen miedo? Los mismos que se emborrachan todos los días de nacionalismo español son los que nos niegan ser y decidir como vascos en nuestro propio país, secuestrando nuestra voluntad y actuando a su antojo político.

Por otro lado, como segunda gran referencia, resulta palpable la incapacidad de sectores políticos, sindicales y sociales para condicionar esta estrategia de bloqueo de PP y PSOE. Detrás de una sintonía sobre el agotamiento del marco vigente, sobre su esterilidad estratégica, existe una parálisis en la acumulación y activación de fuerzas en dimensiones institucionales y sociales. Es evidente que, para ello, el Estado ha golpeado muy fuerte a la izquierda abertzale como motor y dinamizador clave del cambio político, pero globalmente, a modo de balance, debemos concluir que estamos ante una crisis de acumulación de fuerzas mirando a lo que fue Lizarra-Garazi como punto de inflexión para otro ciclo político.

El Estado español ha mantenido la máxima de «resistir es vencer» incidiendo en las contradicciones internas del PNV e intentando rescatar a este partido de una correlación de fuerzas Euskal Herria-estados que hacía tambalear el edificio constitucionalista. Como vemos, lo están logrando, y por encima del pensamiento de sectores de la base social del PNV, este partido está apostando por ser un eslabón más dentro de un modelo constitucional español reformado pero con los mismos principios que niegan nuestro reconocimiento y soberanía. Pero tampoco lo van a tener fácil para vender como «paso adelante» reformas estatutarias sobre las mismas bases políticas. Eso sí, mientras tanto seguirán jugando con conceptos y propuestas -consulta- para sacarle rentabilidad electoral pretendiendo asegurar un poder político-institucional que les permita garantizar el desarrollo de negocios e intereses clientelares.

Desde esta visión macropolítica y con sentido autocrítico por muchas cosas realizadas en esta larga etapa de bloqueo y confrontación, enfatizar sobre la necesidad de apostar por acumulaciones y activación de fuerzas que incentiven la ilusión y participación de importantes sectores de la sociedad vasca. En este tránsito entre dos ciclos políticos, con una Euskal Herria sufriendo los efectos de los cambios estructurales en el terreno económico, social y cultural, en un contexto de conculcación masiva de derechos civiles dentro de una gran arrogancia españolista, un gran sector abertzale y progresista de Euskal Herria, frente a la decantación estratégica que se percibe en el PNV, tiene que tener cauce para influir decisivamente en el carácter del cambio político y social en nuestro país.

Necesitamos desatascar sinergias y ponerlas al servicio de una democracia política y social que abra las puertas a una nueva Euskal Herria desde la superación urgente de un marco constitucional que nos ahoga en todas las dimensiones. Por eso, en una coyuntura en la que el Estado actúa con arrogancia política pretendiendo condicionar el carácter del cambio y los contenidos de una nueva fase política, apelo al espíritu de Lizarra-Garazi para evitar fraudes estatutarios y situar bases democráticas para el desarrollo en iguales condiciones de todos los proyectos políticos, incluido el independentista. Euskal Herriak dauka hitza eta erabakia!

Así pues, Lizarra-Garazi vive y, además, estoy convencido de que para desarrollar la continuidad de Anoeta (Loiola), para abordar acuerdos trasversales que determinen un marco democrático para Euskal Herria, superando el conflicto político y sus trágicas consecuencias, será indispensable regenerar y/o reformular, con mayor proyección estratégica, un nuevo Lizarra-Garazi.