La izquierda abertzale llevó a cabo ayer una comparecencia pública en la que, además de exponer las líneas básicas de su trabajo político, realizó un sumario de las conculcaciones de derechos y situaciones excepcionales que se han sucedido durante los últimos días. Entre esos hechos destacan una nueva comparecencia de veintitrés ciudadanos vascos que tendrá lugar a comienzos de la semana que viene en la Audiencia Nacional; las denuncias de torturas y malos tratos por parte de las personas detenidas en Nafarroa, con sucesivas hospitalizaciones de algunas de ellas; la «desaparición» de uno de esos detenidos que permaneció secretamente en manos de la Guardia Civil durante cinco días; los pasos dados por el Tribunal Supremo español en la ilegalización de ANV y EHAK; la espada de Damocles que pesa sobre los ya juzgados en juicios políticos -como los militantes del movimiento pro amnistía- o los que están en espera de juicio- como los encausados en el caso Udalbiltza-; la prohibición por parte de Lakua de una manifestación en favor de los derechos de los presos... Una lista que sólo contiene elementos de unas pocas semanas y que, no obstante, da una imagen dantesca de la situación que vive Euskal Herria.

Ese relato de hechos, independientemente de la valoración que se haga de los mismos, exige una reflexión profunda por parte de la clase política. Una reflexión que debe partir, indefectiblemente, de la constatación de que esta situación no es normal desde un punto de vista democrático.

En ese sentido, habrá quien crea que eso es algo que le pasa sólo a la izquierda abertzale y que, aunque ellos no compartan el proceder del Estado español, la culpa no deja de ser de ese movimiento político. Sin embargo, dejando de lado la responsabilidad de quienes eso defienden, el balance en el bando del nacionalismo institucional es menos dramático pero no es mucho más positivo. El problema es que asumir esa realidad implica abandonar de una vez por todas la actual retórica bipolar y la práctica política de sumisión total.