El texto refrendado por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo contempla la creación de una baja por paternidad o comaternidad de al menos dos semanas y refuerza la protección de las mujeres ante posibles despidos por motivos discriminatorios.

En particular, el documento obliga a los empleadores a justificar debidamente aquellos despidos que se produzcan desde el comienzo del periodo de gestación hasta el final de la baja por maternidad.

El borrador inicial elaborado por la Comisión Europea, que pretendía facilitar la distribución del periodo baja, fue rechazado por los estados, ya que algunos gobiernos consideraban excesiva la duración mínima establecida para el permiso y se oponían a que pudiera repartirse en distintos periodos. Actualmente, los permisos de maternidad en la UE varían entre las 14c y las 28 semanas.

Si prospera la propuesta aprobada el jueves por la Cámara, las bajas tendrían una duración mínima de veinte semanas, de las cuales seis como mínimo serían completamente retribuidas.

El nuevo texto supone «un posicionamiento hacia los derechos de ambos progenitores para involucrarse plenamente en los cuidados del hijo», según el eurodiputado de los Verdes Raúl Romeva, quien también ocupa la vicepresidencia del Comité. Las medidas propuestas constituyen «un progreso real para la maternidad y la paternidad en toda la Unión», afirmó.

Romeva destacó la mayor protección laboral de las madres trabajadoras y señaló que la propuesta de alargar las bajas por maternidad «ha quedado muy cerca» de la posición de la Organización Mundial de la Salud, que establece en veinticuatro semanas el periodo mínimo necesario. La propuesta aún debe ser votada en el Pleno de la Cámara y, para salir adelante, también tendrá que contar con el respaldo de los Veintisiete.

La reacción de la patronal europea no se hizo esperar. BusinessEurope consideró que puede afectar a la competitividad y retrasar la recuperación de la economía. También se mostró contraria a la nueva norma contra la discriminación, que pretende ampliar la protección contra la discriminación por motivos de edad, discapacidad, orientación sexual y religión, además de por género, raza u origen étnico.