El Gobierno de Zapatero contaría a día de hoy, según anunció el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, con una «posible y sencilla solución legislativa» para dejar fuera de los ayuntamientos vascos a la izquierda abertzale.

Conde-Pumpido compareció ayer en la Comisión de Justicia del Senado para explicar sus manifestaciones de la semana pasada acerca de la labor de colaboración entre el sistema judicial y las FSE y se mostró muy satisfecho con la labor de ilegalización desarrollada desde el Ministerio Público.

En ese contexto, aseguró que modificando la Ley de Régimen Local sería posible desalojar a la izquierda abertzale de los ayuntamientos de Hego Euskal Herria en los que no fueron vetadas las candidaturas presentadas en las elecciones municipales y forales de 2007.

El fiscal general explicó que la única opción «constitucionalmente viable» es la reforma legal, porque no es posible la «impugnación en sede judicial» si las pruebas que relacionan a un partido o candidatura «con una organización terrorista» se obtienen después de las elecciones. La viabilidad y celeridad de esta iniciativa dependería de la voluntad del Gobierno español.

La Ley de Partidos fue tramitada y aprobada en apenas seis meses en 2002. Sin embargo, los plazos suelen ser habitualmente superiores.

Ningún portavoz oficial valoró la propuesta y las agencias señalaron que el Gobierno español se encuentra analizando varias posibilidades por las dificultades que presenta. También el PNV señaló que es «muy complicada» la reforma, porque iría contra la Constitución.

Según argumentó el portavoz jeltzale en el Congreso, Josu Erkoreka, «privar a alguien que ha sido elegido en unas elecciones democráticas de un escaño atenta directamente con unas previsiones constitucionales y con una línea del Tribunal Constitucional bastante consagradas». Añadió que «habrá que ver cómo se articula», pero insistió en que el escaño «no es del partido, sino de la persona que lo ha ganado».

Reclamación de PP y AVT

La iniciativa planteada por Conde-Pumpido llega tras las continuas reclamaciones de PP y AVT exigiendo al Gobierno español que adopte medidas para dejar fuera de los ayuntamientos a los electos independentistas. El año pasado los tribunales españoles decretaron la ilegalización de EAE-ANV y también se sucedieron las «mociones éticas» presentadas por PSE y PNV en varios municipios y que fueron utilizadas por el juez Baltasar Garzón para propiciar el encarcelamiento de la alcaldesa de Arrasate, Ino Galparsoro.