Una de las actuaciones más polémicas de la Policía Municipal de Iruñea en los últimos tiempos ha dado un giro sustancial en los juzgados. Los jóvenes Iosu Arizmendi y Xabier López Berruezo siempre afirmaron que habían sido agredidos por los agentes cerca de la comisaría, después de haber salido de allí tras un incidente menor. Sin embargo, la Policía Municipal les denunció por «atentado» y «resistencia», por lo que se pidió contra ellos un año y medio de cárcel. Ahora, un tribunal ha descalificado la versión policial y abre la puerta a la acusación contra los policías municipales.

Los afectados explicaron en rueda de prensa que están dispuestos a llegar hasta el final en este caso. «Tras haberse acreditado que nosotros no agredimos a los agentes, ¿cómo justifican las graves lesiones que presentamos?». Según han defendido desde el primer momento, fueron abordados en la calle al grito de «Ahora os vais a enterar» y golpeados de modo insistente, como queda probado en partes médicos y fotografías.

La denuncia se interpone por el concepto de «lesiones» que estiman «de gravedad suficiente para considerarlas como delito y no simple falta». Pero reclaman además que se impute al resto de agentes del grupo un delito de «falsedad documental» dado que «durante el juicio no mantuvieron el contenido del atestado, negando casi todos los hechos que ellos mismos habían redactado. Esto nos lleva a pensar que este atestado, que no era fiel a la realidad, se realizó exclusivamente para proteger la conducta de sus compañeros y buscar nuestra condena», concluyen.

La sentencia absolutoria dictada hace dos semanas es clara al respecto, al hablar de las «contradictorias declaraciones» de algunos agentes y a los «imprecisos y confusos» testimonios de otros.

«No es algo aislado»

A la polémica judicial le sigue la política. La edil de la izquierda abertzale Mariné Pueyo recordó que aquel incidente coincidió en el tiempo con otro que derivó en la muerte de la vecina de Errotxapea de etnia gitana, Antonia Amador, cuyos familiares denunciaron la intervención de la Policía Municipal. Todo ello derivó en una moción aprobada mayoritariamente por la que el Pleno del Ayuntamiento de Iruñea exigía el cese del polémico jefe de la Policía Municipal, Simón Santamaría.

Año y medio después, la alcaldesa de UPN, Yolanda Barcina, sigue sin cumplir aquel mandato municipal. Pueyo censuró la actuación concertada de «encubrimiento» llevada a cabo por los agentes del cuerpo en este caso, pero añadió que «esta actitud es la misma que mantienen UPN y Barcina, negándose a investigar las denuncias y a informar a la oposición. Hasta ahora se amparaban en que los hechos estaban en el Juzgado, ¿y ahora? ¿Va a seguir Barcina protegiendo a quienes agreden, intimidan y vejan a la ciudadanía sin ninguna razón? ¿A quienes hacen ostentación de su carácter violento portando camisetas de agresiva simbología?», añadió Pueyo en referencia a la última polémica que ha sacudido a este cuerpo policial.